Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Plan del Litoral cumple un año sin apenas avances y con 47 pleitos

La Xunta olvida desarrollar el documento y las Directrices do Territorio

Hernández da explicaciones a Feijóo durante la presentación del plan del litoral, en enero de 2010
Hernández da explicaciones a Feijóo durante la presentación del plan del litoral, en enero de 2010

Las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral, los dos principales documentos que definen la ocupación y uso del suelo en Galicia, entraron en vigor, tras años de retraso, hace justo doce meses. El pasado 23 de febrero, en el caso de las Directrices, y el 24, en el del Plan del Litoral, se cumplió un año del inicio de su aplicación. Esas fechas se han superado sin que la Xunta haya cumplido dos de las tres obligaciones que ambos documentos exigían para su su primer año en vigor y con un reguero de pleitos en marcha impulsados por Ayuntamientos, empresas y particulares. En el caso del Plan del Litoral, se han presentado 47 recursos en los tribunales.

 Las Directrices y el Plan del Litoral contienen numerosas normas cuyo cumplimiento es obligado solo cuando una administración o un particular quiere acometer una intervención determinada en el territorio. También recogen la posibilidad de que la Xunta desarrolle a partir de ambos documentos otro tipo de planes secundarios, sin establecer plazos para ello. Esto es, parte del desarrollo de las Directrices y del Plan del Litoral es de carácter político, potestativo, y depende de las iniciativas que decidan priorizar este y próximos gobiernos. Pero ambos documentos sí fijaban tres obligaciones concretas a cumplir por la Xunta en su primer año en vigor.

El deber más importante viene determinado por la ley territorial de 1995, la misma que obligaba a redactar las Directrices que tardaron 16 años en aprobarse. Esa ley, y su posterior desarrollo, establece que “la Xunta de Galicia, una vez al año, presentará al Parlamento una memoria en la que se plasmará el estado en que se encuentran las directrices”. El primer año ya ha pasado sin que se tenga constancia del envío al Parlamento de dicho balance.

Por su parte, el Plan del Litoral exige, en su disposición adicional primera, que “en el plazo de 12 meses desde la aprobación definitiva” del documento “la consellería competente en materia ambiental realizará una Guía de buenas prácticas de intervención en los sistemas playa-duna”. Superados esos doce meses, nada se sabe de esa guía.

El ente que se encargará de su seguimiento aún no está constituido

Lo que sí ha cumplido la Xunta es la exigencia de la disposición adicional quinta de que “en el plazo de doce meses desde la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral la consellería competente en materia ambiental realizará una guía para la elaboración de los estudios de impacto e integración paisajística”. Medio Ambiente presentó ese documento el 3 de febrero, veinte días antes de que venciese el plazo de un año que tuvo para ello.

En este último año la Xunta también tenía la obligación de intercambiar información entre varios de sus departamentos implicados en el seguimiento de ambos documentos. Según otra disposición adicional del Plan del Litoral, la cuarta, la Dirección Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe debe ser informada anualmente del cumplimiento del seguimiento ambiental del Plan del Litoral. A su vez, ese seguimiento debe estar vinculado al de las Directrices, y para encargarse de ello, entre otras funciones, se ha creado el Instituto de Estudos do Territorio. Pero el consejo rector del nuevo organismo se constituyó el 6 de febrero y su funcionamiento no será pleno hasta dentro de varias semanas, según admitió entonces la Xunta, por lo que tendrá difícil hacer en plazo el primer balance anual de ambos documentos.

Se ha presentado solo una de las dos guías de actuación comprometidas

El Plan del Litoral contempla otras obligaciones temporales cuyo plazo aún no ha sido superado pero para las que siguen pasando los meses. Antes de que pasen dos años desde su aprobación la Xunta deberá iniciar un plan especial que cree la denominada Senda de los Faros, un itinerario peatonal por toda la costa gallega. El Plan del Litoral también fija tres años de plazo para que los ayuntamientos adapten al mismo su planeamiento urbanístico.

Algunos de estos plazos parecen haberse quedado cortos pese a que fueron notablemente ampliados en la versión definitiva del Plan del Litoral aprobada hace un año. En los primero borradores que manejó la Xunta se establecían seis meses frente a los doce actuales para la guía de actuación en las playas, un año frente a los dos actuales para la Senda de los Faros y dos años frente a los tres actuales para que los ayuntamientos adaptasen su urbanismo.

 

Ence encabeza la batalla judicial

Aunque su seguimiento por parte de la Xunta presente deficiencias, las Directrices do Territorio y el Plan Litoral se están aplicando en numerosos aspectos. Las primeras están sirviendo como guía para la redacción de documentos urbanísticos y sectoriales de todo tipo y las restricciones y consideraciones del segundo están siendo incorporadas por los Ayuntamientos en sus respectivos planes municipales: el 25% de los municipios afectados ya lo había hecho a los siete meses de su entrada en vigor, según el último balance facilitado de la Xunta, pese a que disponen de tres años para ello.

Pero el futuro de ambos documentos en aspectos o zonas geográficas puntuales puede verse truncado si prospera alguno del medio centenar de recursos judiciales que se han impuesto contra ellos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de los que ha venido dando cuenta el Diario Oficial de Galicia durante el último año.

El Plan Litoral es el que mayor conflictividad suscitó con 47 recursos, Cinco de ellos proceden de Ayuntamientos (Bueu, Cariño, Vilaboa, Vimianzo y A Illa de Arousa), una docena de promotoras inmobiliarias, tres de asociaciones vecinales, uno de Ence, otro de Elnosa y el resto de particulares, en ocasiones agrupados en una misma denuncia. Por su parte, las Directrices do Territorio se enfrentan a cuatro recursos: Ayuntamiento de Cariño, una fundación, Ence y Elnosa. Las dos últimas empresas encabezan el rechazo a ambos documentos oficiales porque estos impiden las permanencia de sus instalaciones en la ría de Pontevedra más allá de 2018.