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Un sindicalista señala a un exdiputado del PSOE en la trama de los intrusos

El testigo declara ante la Guardia Civil que Ramón Díaz presionó para incluir a un militante socialista en el ERE de la empresa Anovo Comlink

El exdiputado socialista Ramón Díaz.
El exdiputado socialista Ramón Díaz.

El presidente del comité de empresa de Anovo Comlink ha acusado al exdiputado socialista Ramón Díaz de presionarle para incluir como intruso al exmilitante del PSOE Manuel Jiménez de Miguel en el ERE de su empresa, pese a conocer que era un trabajador ajeno a la firma. El sindicalista de UGT, de iniciales J. R., declaró como testigo ante la Guardia Civil la semana pasada y acusó a Díaz, hasta hace un mes diputado en el Parlamento andaluz, de llamarle para lograr incluir a Jiménez en el expediente. “Me llamó y le dije que no, que en la póliza no había nada que hacer... y se enfadó conmigo. Me replicó ‘mira que eres cabezón, contigo es imposible”, explicó ayer el sindicalista.

La supuesta conversación se produjo cuando Díaz trabajaba en la Dirección General de Trabajo como mano derecha del principal imputado del caso, Javier Guerrero. Ayer Díaz aseguró que nunca ejerció presiones y que dicha conversación no existió. El exdiputado había sido jefe del sindicalista malagueño, ya que ejerció como secretario general de la Federación del Metal de UGT en Andalucía, hasta que en 2006 se convirtió en asesor de la Faffe [agencia pública de empleo] para trabajar a las órdenes de Guerrero.

A pesar de la negativa del sindicalista para que se incluyera el intruso en el ERE que en 2005 afectó a 183 trabajadores, Jiménez de Miguel logró su objetivo y cobró una póliza ilegal. Cuatro años después, la aseguradora del BBVA que pagó el ERE, subvencionado con 20,8 millones, devolvió a la Consejería de Empleo 43.000 euros que Jiménez de Miguel percibió. Empleo no confirmó ayer si reclamó el dinero a Jiménez o si este ha seguido cobrando una póliza que fuentes del caso estimaron ronda los 150.000 euros. En 2011 la Junta identificó a Jiménez como “una discordancia administrativa” en su investigación interna. Mientras, el sindicalista de UGT aseguró ayer que informó al director general de Trabajo, Daniel Rivera, de que trabajadores de Anovo debían devolver más de 300.000 euros cobrados de manera irregular. Fuentes de Empleo rehusaron confirmar tal extremo.

“El mío era un trabajo de intermediación laboral. No he participado ni he tenido nada que ver con los intrusos”, insistió ayer el exdiputado. Sin embargo, llueve sobre mojado y no es la primera acusación contra Díaz. El comercial de la consultora Vitalia Jesús Bordallo ya le acusó ante la policía de incluir dos intrusos en el ERE de la empresa Saldauto: “Ramón Díaz habló personalmente conmigo solicitándomelo (...) tenía una relación estrecha con Saldauto, sobre todo con uno de sus socios, llamado Fernando (...) La mujer de Fernando, Pepi, fue secretaria de Ramón Díaz en UGT (...) de ahí deduzco su interés por esta empresa y esta póliza”. Uno de estos polizones negó que Díaz le contactara para incluirle en el ERE y luego el exdiputado se querelló contra Bordallo.

El diputado José Antonio Viera se enfrentó a la dirección regional del PSOE para lograr que se incluyera a Díaz en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, pero Viera perdió la batalla y finalmente tampoco figura en las listas para las próximas elecciones.

Mientras, el PP acusó ayer al secretario general del PSOE de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero Manuel Martín, de pertenecer a un “segundo nivel” del caso de los ERE. Los populares achacan a Martín, gerente de Turismo Andaluz, haber ostentado cargos en sociedades vinculadas al empresario y exalcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla, que recibieron 7,8 millones. Martín matizó que trabajó por cuenta ajena para la firma Cortansa, pero que no fue accionista de ninguna firma beneficiada por el fondo para empresas en crisis.