La reforma fiscal permitirá a Bizkaia recaudar 113 millones más

Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron ayer un paquete de medidas tributarias para los dos próximos ejercicios con el que se pretende “reforzar los ingresos y asegurar la estabilidad presupuestaria”, indicó José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda. La reforma, que permitirá a la Diputación recaudar unos 113 millones, salió adelante con los votos a favor de PNV y PP —en sintonía desde que los populares prestaran su apoyo a los presupuestos para 2012—, que, al igual que había ocurrido en comisión, rechazaron todas las enmiendas presentadas por PSE y Bildu.

Las reformas afectan al IRPF, al Impuesto de Sociedades y al de Sucesiones y Donaciones. La Diputación ha calculado que las modificaciones le permitirán obtener una recaudación adicional de unos 113 millones de euros, de los que la mayor parte, 93,8 millones, procederán del IRPF. Para este gravamen, se reducen los límites anuales de los sistemas de aportación social y la deducción para mayores de 65 años con base imponible a partir de 30.000 euros —se elimina a partir de 35.000 euros—. También se eleva la deducción para hijos entre 6 y 16 años.

Asimismo, se establecen dos tramos de tributación por el ahorro —hasta 10.000 euros, el 20%; y a partir de 10.000 euros, el 22%—. En el caso de adquisición de vivienda habitual, se reducen los límites anuales máximos de deducción de 1.800 y 2.300 euros, y se baja a 30 años la edad que da derecho al porcentaje de deducción incrementado al 23% —antes eran 35 años—.

Iruarrizaga sostuvo que el objetivo de las medidas es “contribuir a un mejor y más justo reparto de los recursos”. “Debe servir también para realizar una reflexión serena con la que determinar cuáles deben ser las bases de la fiscalidad a implantar en el futuro”, valoró. A su juicio, las medidas aprobadas están “totalmente armonizadas” con las respaldadas por las Juntas de Álava y guardan diferencias “poco relevantes” con las apoyadas por Gipuzkoa. La juntera socialista Alexia Castelo denunció el “pacto ultraconservador” de PP y PNV y reclamó “autonomía fiscal” para el Gobierno y los Ayuntamientos. “Son los que prestan los servicios a los ciudadanos, pero se tienen que limitar a recibir lo que recauda la Diputación”.