Tópicos sobre el gasto sanitario

Resulta muy lamentable que la nueva conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, se haya sumado al coro de voces —algunas con evidentes intereses en el negocio de la sanidad— que difunden profusamente estudios llenos de lugares comunes según los cuales el gasto sanitario es un saco sin fondo, y que, como subraya la señora Mosquera, hay que tomar medidas (aunque no dice cuáles) para evitar que el gasto sanitario siga creciendo a la velocidad actual. De lo contrario, afirma la responsable de nuestra sanidad, no podremos mantener el sistema.

No sé en que datos se basa Rocío Mosquera para realizar semejantes afirmaciones. Porque el gasto sanitario público en Galicia representa el 6,05% del PIB en contraste con el 6,70% que alcanzó en 2009. Como consecuencia de esta evolución, el gasto sanitario público descendió en Galicia de 1.333 euros por habitante en 2010 a los 1.262 presupuestados este año. ¿Dónde está el desbocado incremento del gasto sanitario al que se refiere la conselleira? Por supuesto, en el debate sanitario, como en cualquier otro, caben diferentes y legítimas opiniones, pero deberíamos esforzarnos en evitar, en lo posible, decir tonterías.

Conviene recordarle también a Rocío Mosquera que los 1.262 euros por habitante que le dedicamos en Galicia es el gasto sanitario público más bajo de la UE-15 con la excepción de Grecia. Y la situación no mejora si tenemos en cuenta que nuestro gasto se ha venido distanciando del promedio europeo desde 1993, que el número de ancianos en Galicia es mayor que los promedios español y europeo y que este grupo consume más recursos que el resto de la población. Todo ello ha llevado en su día al Consello Económico y Social (CES) a poner en alerta al Gobierno y a la opinión pública tanto sobre el previsible aumento de las listas de espera como sobre el deterioro de nuestro sistema sanitario público que, no lo olvide la conselleira, constituye uno de los principales instrumentos de cohesión social del país, emplea a más de 42.000 trabajadores y representa aproximadamente un tercio del presupuesto público de Galicia.

Pero, si además del gasto, analizamos las prioridades del mismo, es decir, los recursos que se destinan a cada nivel de atención, la preocupación no desaparecerá. En efecto, la escasez de recursos en atención primaria conlleva una excesiva masificación de estos centros con un promedio de tiempo de visita de los más bajos de Europa. La escasa prioridad de la atención primaria y de la dimensión sociosanitaria del sistema explica también en gran medida la enorme carga asistencial de los hospitales, incluido el colapso de sus servicios de urgencias, donde un alto porcentaje de los casos podían ser resueltos en los centros de atención primaria si éstos estuviesen convenientemente dotados. Añadan ustedes a todo lo dicho el proceso de creciente externalización de recursos y de provisión de servicios sanitarios impulsado por el entusiasmo privatizador del actual Gobierno y tendrán una idea muy aproximada de los problemas que afligen a nuestra sanidad pública.

A nada de esto se refiere, por supuesto, la conselleira Mosquera en sus análisis sobre nuestro sistema sanitario. Reconoce, sin embargo, que existe una lista de espera no oficial, pero afirma, con razón, que se trata de un sistema de gestión. Lo que no explica es por qué esa lista no estructural ha crecido casi 15 puntos en los últimos años y en áreas sanitarias como la de Vigo supera el 50% del total. Tampoco queda claro escuchando a Mosquera y a Feijóo la posición del Gobierno sobre el copago en la sanidad. Por eso me permito hacerle llegar a la conselleira la siguiente reflexión: el copago, además de injusto, no soluciona las necesidades financieras del sistema. Éstas solo pueden abordarse con más recursos procedentes de un nuevo sistema fiscal, en el que paguen más los que más tienen, se erradique la evasión fiscal y la economía sumergida. Todo lo demás es, querida conselleira, la cuadratura del círculo.

Finalmente, cuando se habla de la sanidad pública no se puede dejar de mencionar el sistemático incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y las graves disfunciones que este incumplimiento acarrea al sistema público. Teniendo en cuenta la gravedad y dimensión del problema, es imperativo que la Xunta aclare qué piensa hacer para resolverlo. Porque lo único que no pueden permitirse Feijóo y Mosquera es mirar para otro lado cuando una ley de tal trascendencia social se incumple masiva y sistemáticamente. Solo cabe esperar del Gobierno que en un tema de tanta importancia se abandonen las ambigüedades y se actúe con la claridad y la transparencia que se proclaman retóricamente.