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El ‘exvicelehendakari’ Azua ve positivo que tres Administraciones “se contrapesen”

Milagros García Crespo rechaza dar “valor sagrado a una norma” frente a la eficacia

El 'exvicelehendakari' Jon Azua, durante su comparecencia en la ponencia del Parlamento.
El 'exvicelehendakari' Jon Azua, durante su comparecencia en la ponencia del Parlamento.

El exvicelehendakari Jon Azua defendió ayer la pervivencia el complejo entramado institucional vasco porque las tres Administraciones —Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos— ejercen de “contrapeso” unas de otras. “Es importante que haya contrapoderes”, dijo en su comprecencia en la ponencia del Parlamento que está analizando las duplicidades en la arquitectura institucional de Euskadi, en una aportación al menos novedosa respecto de lo oído hasta ahora en este foro. Una Administración puede, además, suplir eventuales deficiencias de otra que, por cualquier motivo —que no especificó— “sea un desastre”, en un momento dado. De algún modo, les adjudicó un papel de garantía, o incluso de respuesto eventual, ante deficiencias de las otras.

Desde su experiencia en el Gobierno, y también en la Diputación de Bizkaia, Azua aseguró preferir “disfunciones o dificultades” y “el esfuerzo adicional” que supone entramado tan complejo, a “la comodidad” de “una única institución”. “Esa es la razón que me lleva a apostar por el modelo que tenemos”, dijo.

Azua acusó que pisaba un terreno movedizo, entre la imposibilidad de desmarcarse de la doctrina oficial del PNV —que defiende el modelo y se niega a reformas legales en su regulación— y la evidencia, que admitió, de que el sistema se ha inflado con “multitud de órganos directivos o pseudodirectivos, con estructuras paralelas de asesoramiento y suplantación de otras actividades”. El modelo necesita “evaluación y control permanentes”, dijo también. El que realiza ahora el Parlamento es el primer examen en 30 años.

Milagros García Crespo, exconsejera de Economía y Planificación y presidenta sucesivamente de los Tribunales de Cuentas vasco y central, quien también acudió a al ponencia parlamentaria, se mostró más proclive a cambios y a un “contrato competencial” entre Administraciones, guiado por la subsidiariedad. “No podemos dar a la norma un valor sagrado, por encima de la eficacia y la eficiencia; no podemos ser esclavos de la norma, que se puede cambiar”, recalcó. “No me daría miedo modificar la Ley de Territorios Históricos, el Estatuto de Gernika o la propia Constitución”, añadió, tras referirse a esta última el parlamentario del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, como adjudicadora de los derechos históricos a los territorios.

La ex consejera, que dirigió desde la UPV en su día un estudio sobre solapamientos de competencias para la Diputación de Álava, dijo preferir los términos invasión o “entrecruzamiento” al de “duplicidades”, que usa informe del Gobierno. García Crespo abominó de “toda la panoplia” de entes, empresas públicas “y fundaciones” subrayó, montada “para huir del control parlamentario y de los tribunales de cuentas. Eso no es eficaz ni racional, ahí hay una rectificación que hacer”, apuntó.

‘Vacaciones fiscales’ para municipios

A. ELORZA

Las Juntas Generales alavesas aprobaron ayer por unanimidad, a iniciativa del PNV, una enmienda transaccional por la que la Diputación deberá incluir en sus presupuestos del próximo año una partida presupuestaria denominada “complemento extraordinario” que servirá para trasladar a los municipios alaveses la parte que les corresponde de la devolución de las vacaciones fiscales.

El impulsor de la iniciativa, el peneuvista Ramiro González, señaló que este dinero “podría servir para paliar la difícil situación en la que se encuentran algunas entidades locales”.

En octubre de 2011, la Diputación alavesa pagó al Gobierno 54 de los 78 millones devueltos por las empresas por dichas subvenciones ilegales. En cambio, no fijó una cantidad para los Ayuntamientos.

La socialista Cristina González subrayó que, a pesar de sus reticencias iniciales, el Gobierno de Javier de Andrés “ahora parece que sí” tiene intención de entrar en esta cuestión. Desde el PP, Ignacio Gil apuntó como culpable al anterior Gobierno foral, del PNV, porque “el principio del problema es que llegó ese dinero y se gastó sin tener en cuenta a las entidades locales”.

Ello generó críticas del PNV, que respondió que en octubre el equipo de De Andrés “decidió porque sí regalar 54 millones al Gobierno vasco”. El citado complemento no supondrá rebajar el resto de la financiación.

El segundo acuerdo alcanzado por unanimidad insta a la Hacienda foral a remitir en 15 días a las Juntas un estudio sobre el impacto recaudatorio de las Sociedades de Promoción Empresarial desde 2005 y llevarlo al Órgano de Coordinación Tributaria.

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