Ortega sentencia que las Diputaciones provinciales “no tienen sentido”

Las diputaciones provinciales sobran en Cataluña. Esa es la conclusión que ha apuntado este sábado la vicepresidenta Joana Ortega, que en declaraciones a TV-3 ha sentenciado que los entes provinciales “no tienen sentido”. Todo, sin aludir al hecho que las Diputaciones han salido al rescate de la Generalitat comprometiéndose esta semana a ceder 250 millones al Gobierno catalán para que pague lo que debe a los municipios. Ajena a este oxígeno económico, Ortega ha considerado que, después del Estatut, las províncias deben ceder sus servicios, que pueden prestar las veguerías, las comarcas, o los municipios. “Ahora es el momento de hacer estas reflexiones; es nuestra obligación, y deseo desplegarlo cuanto antes”. Aunque en la entrevista ha abogado por suprimir las Diputaciones, semanas atrás también apostó por hacer lo propio con algunos consejos comarcales: "Hay que poner sobre la mesa si todos los consejos comarcales están hoy justificados y si deben prestar o no los mismos servicios”, dijo entonces. Esta vez ha matizado que lo que se deben redimensionar estos entes para que sean “realmente funcionales”.

La vicepresidenta no solo se ha fijado en las administraciones catalanas, sino que se ha mostrado partidaria de que el Estado adelgace su presencia en Cataluña. “Hay muchos ámbitos del Estado que no tienen sentido”, ha dicho Ortega, que ha afeado al Gobierno central que cargue las culpas de la situación económica en las autonomías y no adelgace su estructura, suprimiendo delegaciones en el territorio: “El Estado debe evitar pedir tanto a las comiunidades y estaría bien que se pusiera él mismo el ejemplo de esta necesidad de no duplicar y eliminase muchas instituciones que tienen aquí”.

La vicepresidenta ha recalcado que la Generalitat es la representante del Estado en Cataluña, y por ello puede asumir más competencias.También la propia Generalitat debe adelgazar aún más su estructura, según ha manifestado. Ortega no ha descartado “la fusión, la supresión o en algunos casos el cambio de hasta un 25%” de las empresas públicas catalanas para agudizar la reducción de estructura. Ello puede afectar a los empleos, ha aceptado, pero se ha comprometido a trabajar para que no haya más recortes. Según Ortega, la reducción de un 3% del sueldo de los funcionarios es un ajuste “vital para mantener el estado del bienestar”.