La Audiencia de Alicante vuelve a validar las escuchas del 'caso Brugal'

La Audiencia de Alicante ha vuelto a validar, por segunda vez en menos de un mes, las escuchas telefónicas del caso Brugal, que destaparon una trama corrupta político-empresarial sobre el negocio de la basura y el urbanismo. La sección séptima del alto tribunal, con sede en Elche, ha emitido un auto en el que revoca la resolución del instructor general del sumario, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que anuló parcialmente las intervenciones. La resolución de la Audiencia responde al recurso del fiscal anticorrupción.

El tribunal, en coherencia con la resolución adoptada hace un mes por la sección primera de la misma Audiencia y sobre esta cuestión, considera que no es el momento procesal para dirimir la legalidad de las escuchas. La sala cree que este extremo compete al órgano juzgador.

La sala basa su argumentación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyo criterio es “atribuir al órgano que conoce el juicio oral la competencia para resolver sobre la nulidad de actuaciones por violación de derechos fundamentales”, puntualiza el auto. Este argumento fue el mismo esgrimido por la sección primera, en este caso, para convalidar un auto del magistrado Manrique Tejada que instruye la pieza del caso Brugal sobre el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Tejada, al contrario que San Martín, si validó las escuchas.

La investigación cree que Ripoll recibió dos pisos de Ortiz y Fenoll a cambio de una contrata de basura

Cambio de juzgado

San Martín anuló parcialmente las escuchas mediante un auto dictado en junio de 2011 por entender que algunas de las prórrogas de las intervenciones telefónicas no estaban suficientemente motivadas. El auto de San Martín respondía un recurso presentado por los principales imputados, entre ellos, el exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Según las defensas de estos imputados, las intervenciones telefónicas vulneran derechos fundamentales de sus clientes.

La investigación considera que el Ripoll recibió de parte de los empresarios dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) a cambio de la contrata de la planta de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Tras esta resolución, San Martín abandonó este juzgado al ganar otra plaza en una oficina judicial de Elche.