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La fiscalía investiga los negocios de Matas con la ACM y los cargos de Prat

El ministerio público indagará si el dirigente de CDC malversó dinero público

Josep Maria Matas, coordinador de la Diputación de Barcelona y exsecretario de la  ACM.
Josep Maria Matas, coordinador de la Diputación de Barcelona y exsecretario de la ACM.

La fiscalía ha decidido actuar ante los escándalos que afectan a cargos públicos y a organismos caracterizados por su opacidad. La fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, ha abierto diligencias informativas en tres casos que ponen de manifiesto el despilfarro y el escaso control que, a menudo, se ejerce sobre el dinero de todos. Uno de ellos es el que ha destapado en los últimos días EL PAÍS y tiene como protagonista al actual coordinador de la Diputación de Barcelona, Josep Maria Matas, que en su etapa como secretario de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) facturó 900.000 euros a la entidad municipalista a través de una empresa de su propiedad. El ministerio público también investigará los sobresueldos de la Diputación de Barcelona y las posibles irregularidades por la multiplicidad de cargos, públicos y privados, que aglutinó el presidente del ICS, Josep Prat.

La investigación en torno al dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya y número dos de Salvador Esteve en la Diputación de Barcelona será dirigida por el servicio de delitos económicos de la fiscalía de Barcelona. El primer paso para aclarar el alcance de las irregularidades pasa por analizar las facturas que el exsecretario giró contra la ACM a través de la firma Parés i Solé SL. Algunos trabajos son de dudosa justificación, ya que fueron facturados por conceptos genéricos, mientras que en otros casos, Matas cobró por servicios que ya facilitaban proveedores de la entidad.

La investigación de oficio que ha abierto la fiscalía deberá aclarar si hubo malversación de fondos públicos. Los ingresos de las entidades municipalistas, como la ACM, proceden de las cuotas que pagan los Ayuntamientos y de una subvención anual que concede la Generalitat. Como esas aportaciones no se dan para un fin concreto, la fiscalía deberá determinar si parte de ese dinero se empleó para pagar los carísimos trabajos de Parés i Solé, con el consiguiente sobrecoste para el erario público.

Antes de que la fiscalía decidiese abrir diligencias, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) había examinado con atención el caso Matas, aunque declinó abrir una investigación por el carácter privado de la Asociación Catalana de Municipios, según fuentes de la institución.

La fiscal superior examinará quién cobró las 'mochilas' de la Diputación

Tal como ha revelado este diario, el dirigente de Convergència infló algunas facturas de forma desproporcionada. Por ejemplo, facturó 8.000 euros mensuales, durante tres años, por un resumen de prensa que apenas costaba 500. El hecho de que la ACM no pase el filtro de la Sindicatura de Cuentas ha contribuido a perpetuar la situación.

El segundo frente abierto por la fiscalía tiene su epicentro en Reus y apunta a un conglomerado que arrastra el mismo pecado original: el de la escasa transparencia. Se trata de las actividades del holding público Innova, que agrupa a una docena de empresas y acumula una deuda de 202 millones, que representa dos tercios del presupuesto municipal. En concreto, la fiscalía de Tarragona indagará el papel que ha desempeñado su ex director general, Josep Prat, debido a los múltiples cargos que acumuló tanto en la sanidad pública como en la privada.

Además de dirigir Innova, Prat fue al tiempo vicepresidente de USP Hospitales —uno de los mayores grupos sanitarios privados de España— y presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), la mayor empresa pública de Cataluña. Prat también es autor del proyecto de Salud que troceará el ICS y lo abrirá al capital privado. Tras las informaciones publicadas por este diario, Prat dimitió de todos sus cargos, salvo el de presidente del ICS, hace unas semanas. La fiscalía pretende esclarecer si esa superposición de intereses influyó en Prat a la hora de tomar decisiones.

A diferencia del caso Matas, la fiscalía ha abierto diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Reus contra Prat. El pasado 10 de enero, la CUP le denunció por prevaricación ante la fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inhibió en favor de la Fiscalía Superior de Cataluña. Teresa Compte, a su vez, ha remitido el caso a la fiscalía provincial. Aunque la investigación se centra en la figura de Prat, la fiscalía tiene las manos libres para indagar otras posibles irregularidades en torno al holding Innova.

La fiscalía de Tarragona investigará si el presidente del ICS prevaricó

El tercer escándalo bajo la lupa del ministerio público, el de las mochilas de la Diputación de Barcelona, afecta también al ente provincial, aunque en otro sentido. El pasado septiembre, el nuevo presidente, Salvador Esteve, puso fin a un sistema de “sobresueldos” que había imperado en la Diputación bajo el mandato de los socialistas Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho y Antoni Fogué. En esencia, se trata de unos complementos de los que se beneficiaban ciertos trabajadores de la Diputación una vez que dejaban un puesto de responsabilidad y regresaban a su plaza. Para “compensar” la pérdida de sueldo, percibían unas pagas que se iban extinguiendo a lo largo de 10 años.

Esa forma de compensar, de forma unipersonal, a algunos trabajadores, es de dudosa legalidad, según Esteve. También lo ve así Solidaritat per la Independència (SI), que presentó una denuncia en la fiscalía contra los cuatro presidentes socialistas. La fiscal superior asume la investigación, ya que entre los denunciados está Celestino Corbacho, que como diputado en el Parlamento catalán posee la condición de aforado. Si las investigaciones revelan indicios penales contra José Montilla, que es senador, Compte debería inhibirse en favor de la fiscalía del Tribunal Supremo.

Las diligencias informativas están en su fase inicial, pero la fiscalía ya ha solicitado documentación para averiguar si, como denuncia el diputado de Solidaritat Alfons López Tena, hubo malversación de caudales públicos y prevaricación. Una de las claves será determinar si la presidencia de la Diputación era competente para aprobar, mediante un decreto de 2004, el sistema de las mochilas. La fiscalía quiere saber qué cantidad se gastó la Diputación en sobresueldos —algunas fuentes apuntan que fue más de un millón—, qué criterios se siguieron para otorgar esas compensaciones y si estas iban a parar a cargos de confianza.

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