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OPINIÓN

Por la convivencia democrática

"Actuaciones policiales como estas incrementan exponencialmente el riesgo de una indeseable escalada de conflictos"

La actuación policial de los últimos días, disolviendo movilizaciones estudiantiles en Valencia, rebasa todos los límites permisibles en una democracia para situaciones de este tipo. Las agresiones a menores, el clima de histeria generalizado y las detenciones arbitrarias suponen un factor de inseguridad muy superior a los desórdenes puntuales que pudieran producirse y, en muchos casos, se han realizado sin que siquiera esos desórdenes existieran. Se aprecia, palmariamente, una falta de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines perseguidos que pone en tela de juicio la práctica de derechos constitucionales.

La cohesión social es un valor muy importante que no está siendo cuestionado por las movilizaciones estudiantiles sino por medidas de carácter político y económico que quiebran valores básicos del sistema de convivencia, incrementando la desigualdad y rompiendo pilares básicos del Estado social. Las respuestas que a ello se están dando se están haciendo desde una gran madurez cívica y actuaciones policiales como estas incrementan exponencialmente el riesgo de una indeseable escalada de conflictos.

La definición de los manifestantes como “enemigos” por una autoridad policial no puede atribuirse a un “lapsus”, como ha indicado el ministro del Interior, sino que se inscribe en un ambiente represivo que, políticamente, “marca” a unos enemigos, aplicando con toda contundencia recursos que deben reservarse para situaciones de otro tipo. De esta manera se da una última vuelta de tuerca a la situación existente, degradando aún más la calidad de la democracia puesta ya en entredicho por los las medidas de recortes sociales adoptadas, por el reparto poco equitativo e injusto de los sacrificios impuestos.

Por todo ello manifestamos nuestra solidaridad con las movilizaciones estudiantiles pacíficas, exigimos la dimisión de la delegada del Gobierno, la puesta en libertad sin cargos de todos los detenidos y explicaciones exhaustivas en sede parlamentaria del ministro del Interior.

 

Firman este artículo Joan Romero, Manuel Alcaraz, Antoni Furió y 16 nombres más.