El Supremo confirma que la subida de las multas de 2005 en Madrid es ilegal

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que anulaba la subida de las multas del Ayuntamiento de Madrid que entró en vigor en 2006 y que suponía incrementos de hasta el 300% en algunos casos. Los magistrados del Alto Tribunal entienden que no se respetan los principios de proporcionalidad ni de jerarquía normativa.

La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico Lorenzo, mantiene que el recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid no entra en el fondo de la cuestión y no explica qué preceptos legales han sido conculcados por el TSJM. Esto supone que las sanciones interpuestas desde la entrada en vigor del cuadro de multas el 1 de enero de 2006 hasta su reforma a mediados de 2010 (con la nueva Ley de Seguridad Vial) no se ajustan a la legalidad. "Respecto a la jurisprudencia de esta Sala esgrimida no se muestra relación de la misma con la cuestión objeto de debate ante la Sala de instancia ni tampoco de la doctrina constitucional hecha valer. No se encuentra en cuestión el principio de tipicidad sino el de jerarquía y proporcionalidad", argumenta la Sala Tercera.

Los efectos prácticos para los conductores sancionados serán prácticamente nulos. Las multas que ya hayan sido pagadas se consideran firmes y, por tanto, no cabe lugar a ninguna devolución. Tan solo podrían recurrirse con la sentencia del Tribunal Supremo aquellos expedientes que estén todavía abiertos o que estén pendientes de concluir con embargo al titular o al conductor sancionado.

"El problema que tuvimos es que el Ayuntamiento de Madrid se negó a graduar las multas tal y como recogía la normativa. Impuso un precio fijo a las denuncias sin tener en cuenta factores como la proporcionalidad. No es lo mismo una segunda fila en una calle principal que en otra en la que casi no hay tráfico", ha explicado Pedro Javaloyes, portavoz de DVuelta la empresa de gestión de multas que interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio de la capital.

"Como el Ayuntamiento se negó a dejar de aplicar las sanciones hasta que la sentencia fuera firme, ha estado cobrando de manera ilegal unas multas entre 2006 y 2010, pese a que ya en 2009 tuvo una sentencia en contra. Los madrileños se han visto perjudicados por la lentitud de la justicia y por el hecho de que el Ayuntamiento sea juez y parte", ha recordado Javaloyes.