El otro Matas

En plena aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2012, que consagran recortes y subidas de tasas para la ciudadanía común, EL PAÍS ha desvelado que la empresa del coordinador general de la Diputación de Barcelona, Josep Maria Matas, cobró casi un millón de euros entre 2003 y 2011 de la Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que era secretario general. En primer lugar, ante un apellido de tanta solera en los tribunales, hay que decir que este otro Matas no está imputado en nada y es presidente de CDC en Osona. El Matas que nos ocupa hizo negocios inspirando la creación de una sociedad de la que luego se erigió en único propietario. Parés i Solé se dedicaba a comprar servicios y a revenderlos convenientemente corregidos al alza a la ACM, según indican las facturas que obran en poder de este diario. Nada mejor que conocer a fondo los dos lados para hacer buenos negocios.

Todas esas operaciones estaban hechas con dinero público, bien procedente de los Ayuntamientos afiliados a la ACM, bien de subvenciones del Departamento de Gobernación de la Generalitat. Quizá por contagio de la tan española cultura del pelotazo, algunas facturas ingresadas por la empresa de Matas multiplicaban por 16 el precio real. En total, un millón de euros en dinero público que bien pudo alegrar la existencia de su perceptor o quizá contribuir a pagar alguna viga o algún tabique de pladur de alguna casa gran.

La publicación de esta serie de informaciones en EL PAÍS provocó que Matas, en una decisión que le honra, presentase su dimisión al presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, que no se la aceptó. El coordinador general de la Diputación en esta ocasión hizo lo que debía, y Esteve lo que no debía. La explicación humana de que ambos han trabajado juntos durante años sirve para la amistad, no para la política.

Menos comprensible resulta la reacción de los partidos ante el escándalo con dinero público. Exceptuando a Iniciativa per Catalunya, el resto de las formaciones que integran la Diputación han tenido un proceder insólitamente versallesco. Nadie ha pedido la dimisión de Matas. Todo muy sorprendente. Sobre todo en un país en el que se pide la reprobación de un consejero por una corriente de aire.

¿Por qué tanta suavidad y tacto? Hay buen rollo en la Diputación, cuyos presidentes socialistas Royes, Montilla y Corbacho y el convergente Esteve han sido elegidos sin votos en contra. ¿Es que el espíritu del inspirador de las provincias, Javier de Burgos, crea un particular sentimiento de hermandad por encima de ideologías? ¿No será que estamos ante otro sindicato de intereses?

Una explicación, probablemente perversa, es que la Diputación paga muy bien y permite a los partidos fichar asesores por la módica cifra de 2,5 millones de euros al año. En los periodos inclementes de travesía por la oposición, los partidos saben que los justos siempre podrán contar con su plaza en la barca de la salvación. Un total de 33 asesores han sido colocados por las formaciones políticas. La nómina más habitual acostumbra a ser de unos 3.500 euros al mes y en la lista abundan los ex altos cargos. La Diputación se erige en una inmensa ubre capaz de saciar el apetito de los cachorros. Estamos, pues, ante una institución que genera poco desgaste político y da muchas satisfacciones. Pero ahora un escándalo ha venido a agitar el estanque. En plena preparación del recogimiento y meditación cuaresmal, ha aparecido el caso que implica al coordinador general de la institución y mano derecha del presidente de la Diputación.

Catalonia is not Marbella, escribía Josep Maria Matas en el boletín de la ACM de diciembre de 2006. “No hay derecho a que por culpa de las ilegalidades marbellíes se mida por el mismo rasero a toda la clase política. Los alcaldes del país trabajan con la obsesión de hacer progresar sus municipios y no de deteriorarlos”. Es verdad y tiene razón el coordinador general de la Diputación. Los partidos deben ser los primeros interesados en reivindicar la política como hecho, no como simulación, y desterrar de escena la codicia. No se puede predicar austeridad y derrochar credibilidad.