Calparsoro asume en persona el caso para evitar cualquier tipo de sospecha

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, asumirá al final personalmente las diligencias de investigación de la denuncia sobre las supuestas irregularidades constatadas por Justicia en varios contratos de informatización de la Administración judicial entre 2000 y 2009. Así lo decidió ayer el máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi, tras atender la petición de abstenerse en la causa realizada por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, a quien Calparsoro remitió el pasado martes el expediente instruido por el Gobierno. La decisión eleva el rango investigación, aunque haya llegado de forma indirecta.

Izaguirre solicitó anteayer su abstención del caso tras las críticas por su posible falta de imparcialidad que le había lanzado el exconsejero de Justicia Joseba Azkarraga, bajo cuyo mandato se registraron buena parte de las supuestas irregularidades, que el Ejecutivo cifra ahora en 23 millones de euros.

El fiscal superior

A través de un decreto, Calparsoro respondió con celeridad ayer mismo a la petición. El fiscal superior considera “totalmente injustificadas” las sospechas sobre “cualquier atisbo de animadversión por razones ideológicas o políticas” de Izaguirre hacia personas que “han tenido importantes responsabilidades en el Gobierno”. Sin embargo, Calparsoro resuelve asumir la investigación “para evitar cualquier atisbo o sospecha de falta de imparcialidad”.

La polémica surge de unas declaraciones de Azkarraga en una entrevista radiofónica. El exconsejero recordó que en 2008 el fiscal jefe de Álava, junto con el resto de representantes del Ministerio Público en Euskadi, recurrió sin éxito el decreto por el que el Gobierno les retiraba las viviendas oficiales de la que hasta ese momento disfrutaban los principales cargos de la judicatura y la fiscalía en Euskadi. La decisión se saldó con una agria polémica entre ambas partes.

Calparsoro, quien asignó el caso a Izaguirre por ubicarse en Álava la sede del Gobierno, dejó claro ayer que no concurre causa de abstención, ya que la ley establece como tal mantener pendiente un pleito con alguna de las partes y no es el caso. Además, recalca en su argumentación que el recurso de 2008 se presentó contra una decisión del Ejecutivo y no contra quienes tenían entonces cargos en Justicia. Aún así, reconoce que en las supuestas irregularidades sí están implicadas personas que tuvieron responsabilidades en el departamento en aquella etapa, por lo que se ha decantado por apartar finalmente a Izaguirre para despejar cualquier sospecha.

En virtud de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, Calparsoro sume el caso para “tramitar y despachar personalmente” la investigación, pese a que no es un trabajo que corresponda a su cargo. No obstante, se reserva la posibilidad, en función de cómo avancen las diligencias, de designar a otro fiscal territorial para continuar con la tramitación, aunque siempre bajo su supervisión.

Tres son los frentes que se abren a partir de ahora. Calparsoro tendrá que evaluar si cabe abrir diligencias previas antes de judicializar el caso, si lo remite a un juzgado de Vitoria o si procede su archivo. Esta última opción parece la menos probable, ya que el propio fiscal superior abogó el martes por investigar las supuestas irregularidades y conocer las explicaciones de sus responsables. Argumentó públicamente entonces que se trata de “un tema serio” y la documentación aportada por el actual Gobierno es “completa” y está “bien elaborada”. Su decisión, en cualquiera de los supuestos, llegará previsiblemente a lo largo de la próxima semana.

Más allá de lo que decida Calparsoro, fuentes judiciales consideraban ayer “honesta” la petición de Izaguirre, al querer apartarse voluntariamente del caso tras las críticas de Azkarraga. La información recopilada por el Gobierno no achaca al exconsejero, de EA, ninguna responsabilidad directa. El Ejecutivo descartó ayer hace cualquier pronunciamiento sobre la decisión del fiscal superior.