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El Tribunal Vasco de Cuentas avala las acusaciones de Bildu a la gestión del PNV

El informe de fiscalización censura los sobrecostes viarios de Gipuzkoa en 2009

El alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, contesta a los periodistas tras la reunión de ediles.
El alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, contesta a los periodistas tras la reunión de ediles.

El Tribunal de Cuentas Públicas del País Vasco ha puesto negro sobre blanco lo que hace un mes destapó el Gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa, esto es, la existencia de elevados sobrecostes en la construcción de carreteras cuando la Diputación estaba gobernada por el PNV y Hamaikabat. El organismo auditor ha concluido, en un informe difundido ayer, que la institución foral incurrió en incrementos presupuestarios en un total de cinco contratos de obra de 2009 y en otro aprobado por Bidegi que, según el tribunal, “transgreden la normativa de contratación administrativa”.

Las desviaciones económicas que censura el Tribunal de Cuentas se refieren a las obras de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria), contratada por la sociedad pública Bidegi, y de varios tramos de la Autovía del Urumea (Andoain-San Sebastián) y la carretera Zegama-Segura, estos gestionados directamente por la Diputación y que se encarecieron hasta un 53% sobre el precio adjudicado. El informe hace constar que la cuantía de los incrementos “desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato”.

11 municipios pedirán un crédito para devolver su deuda a Hacienda

Las conclusiones del tribunal dieron ayer alas a los responsables de Bildu en la Diputación, al considerar que el informe fiscalizador respalda las críticas que la diputada de Infraestructuras Viarias y portavoz foral, Larraitz Ugarte, vertió contra la “muy mala gestión” del PNV. Ugarte denunció que el Ejecutivo presidido por Markel Olano permitió desfases presupuestarios que sumaban 282 millones en la ejecución de carreteras.

El Tribunal de Cuentas viene ahora a amonestar la actuación del anterior Ejecutivo foral, que siempre ha insistido en que todo estuvo ajustado a la legalidad. La auditoría pública concluye que el tramo Eskoriatza-Mondragón de la AP-1, adjudicado por Bidegi en 106,6 millones, acabó encareciéndose un 52%. La liquidación de esta autopista, que corresponde a junio de 2011, sufrió un incremento “adicional” del 22%, según cita el tribunal.

Respecto a las obras contratadas por la Diputación, la auditoría se centra en los desfases hallados en tres tramos de la Autovía del Urumea, que oscilaron entre el 32% y el 53% del coste adjudicado. El tribunal indica que estos incrementos responden a la “aprobación de modificados y adjudicación de obras complementarias”.

En las alegaciones presentadas por la Diputación, asegura que las variaciones contractuales que dieron lugar a las desviaciones se aprobaron respetando la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que admite esta práctica cuando responde a “necesidades de interés público”, están “justificadas debidamente” y “no afectan a las condiciones esenciales del contrato”. La anterior Diputación discrepa del criterio de que el objeto del contrato quedó desnaturalizado alegando que se ejecutaron las carreteras previstas.

El Tribunal de Cuentas también censura la concesión de subvenciones directas por 7,5 millones en total sin respetar el principio de publicidad y concurrencia. Asimismo, afea la decisión de “fraccionar contratos” para poder adjudicar directamente y sin concurso diversos servicios, entre los que figuran lo 42.000 euros que se pagaron por el asesoramiento de Gipuzkoa Aurrera.

Por otro lado, los Ayuntamientos de Gipuzkoa llegaron ayer a un acuerdo con la Diputación para pagar en cuatro partes iguales a lo largo de 2012 la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal, como pretendían los alcaldes de varios municipios. La diputada de Hacienda, Helena Franco, precisó que 72 consistorios se han comprometido a abonar la deuda sin acudir a préstamos. Solo 11, los que atraviesan una situación más delicada, reconocieron que necesitarán un crédito para hacer frente a sus obligaciones con la institución foral. A falta de que se pronuncien cinco municipios, Franco aseguró que únicamente será necesario recurrir a los bancos para financiar unos cinco millones de euros, lo que representa el 10% de la deuda total (49,7 millones) de los Ayuntamientos con la Hacienda foral.

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