El fiscal pide citar como imputados a César Portela y a un exvicerrector

El castigo por levantar un edificio sobre el suelo de un aparcamiento en el campus de Elviña, sin licencia municipal y haber admitido posteriormente que lo hizo para no perder fondos públicos no se agotó con la destitución de Xosé Lois Martínez como vicerrector de Infraestructuras y Gestión Ambiental de la Universidad de A Coruña. Tras ser relevado el pasado octubre del puesto en el que llevaba ocho años, el exvicerrector se enfrenta ahora a una denuncia de la fiscalía especializada en delitos contra el medioambiente que ya ha llegado a los juzgados.

El ministerio público “no dirige la denuncia contra personas concretas” a la espera de esclarecer la participación de media docena de personas que cita con nombres y apellidos y a los que solicita que se les llame en calidad de imputados. Entre ellos, Xosé Lois Martínez, como responsable de la administración promotora de las obras, César Portela, padre del proyecto arquitectónico, Cesar Padrón y Pablo Reboredo, técnicos que hacían el seguimiento de los trabajos, además de la constructora Dragados que los ejecutaba. O lo que es lo mismo: las personas señaladas por los expedientes sancionadores abiertos por el Ayuntamiento de A Coruña.

El exvicerrector Xosé Lois Martínez se jactó de edificar sin licencia

El caso viene de lejos. En una de sus últimas decisiones antes de agotar su mandato, el exrector coruñés José María Barja destituyó el pasado 10 de octubre a Martínez recordando que para la Universidad de A Coruña “el sometimiento a la legalidad y la leal colaboración con el resto de instituciones públicas son principios básicos e irrefutables”. Semejante declaración llegó unos días después de que Martínez, vicerrector responsable de las infraestructuras en el campus coruñés y arquitecto de profesión, reconociese que permitió las obras del edificio sin licencia municipal porque pedirlo hubiera implicado la negativa del Ayuntamiento. Y recordara al tiempo que su decisión se produjo después de que el Gobierno municipal coruñés no fuera capaz de tramitar en seis años la modificación del plan parcial del campus solicitada para amparar las nuevas construcciones.

Visto que las gestiones administrativas no acababan de dar frutos, el entonces vicerrector tiró por el camino más recto y autorizó la obra del primero de los cinco módulos para el área científica sobre el aparcamiento que hay tras las facultades de Informática e Ingeniería. El edificio fue concluido, la Universidad llegó a recepcionar la obra y el diseñador de los planos paseó orgulloso por la nueva infraestructura en el día de su estreno.

Ahora Portela, junto a dos de sus colaboradores y el propio exvicerrector están en el punto de mira del fiscal que pide delimitar sus responsabilidades en el desaguisado. Tras cotejar con el Ayuntamiento de A Coruña la “existencia de expedientes de reposición de la legalidad urbanística quebrantada en el caso de las construcciones realizadas sin licencia”, el ministerio público concluye que los dos edificios constituyen obras “ilegales e ilegalizables. El primero “erigido en un espacio libre destinado para aparcamiento por encontrarse en medio de un espacio público” y el segundo bloque de apartamentos sin rematar se ubica “en el suelo calificado en parte como viario y en parte como zona verde”.

La fiscalía pregunta el coste de demoler los edificios "ilegales e ilegalizables"

En el escrito dirigido al juzgado de instrucción de A Coruña para que proceda a su reparto, la fiscalía pide otras diligencias como oficiar a la Agencia de Protección da Legalidade Urbanística, a quien el Ayuntamiento de A Coruña remitió los expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores, para que señale el importe de los edificios y también el coste que supondría la demolición de los mismos. El fiscal también solicita al juzgado que requiera al secretario de la Universidad de A Coruña para que aporte todos los expedientes que haya en la institución sobre estas edificaciones, incluidos “autorizaciones, aprobación del gasto y seguimiento de la ejecución”.

Entre toda la documentación que solicita, el ministerio público señala la importancia de que se remitan al juez: “la resolución en la que se acuerda construir los edificios, los informes jurídicos que sirven de soporte a las resoluciones, si los hay, la certificación de la identidad de las personas que resolvieron realizar la construcción, los contratos de obras acordados con las entidades constructoras, el informe sobre la existencia de una solicitud de licencia urbanística para la edificación afectada [que según el propio vicerrector no existe] y la comunicación de la existencia de licencia a las entidades constructoras y a los técnicos que las realizan”.