El fiscal cree que Rodríguez de Castro se apropió de 1,5 millones

El ministerio público destaca que Miguel Osuna continuó con la ilegalidad en la Zona Franca

Manuel Rodríguez de Castro y Teófila Martínez.
Manuel Rodríguez de Castro y Teófila Martínez.JOSÉ BRAZA

¿Dónde está el dinero invertido en Rilco? Es la pregunta que va a intentar aclarar el juicio por este caso sobre las irregularidades detectadas en la Zona Franca durante la etapa del PP. El escrito de acusación de la fiscalía da una respuesta parcial al destino de los más de seis millones invertidos en este portal informático. El ministerio público cree que el exdelegado Manuel Rodríguez de Castro se apropió de 1,5 millones de euros. En cambio, estima que no está demostrado que su sucesor; Miguel Osuna, encontrara un beneficio tan directo pero sí destaca que supo de la ilegalidad cometida por Rodríguez de Castro y la continuó.

Para la fiscalía, Rodríguez de Castro ideó Rilco, la red iberoamericana de logística y comercio, con el fin de apropiarse de 1,5 millones de euros. Para ello orquestó un fraude en connivencia con el matrimonio formado por Germán y Carmen Leiva, sus socios en Miami. Alex delegado le reclama 10 años de cárcel y ocho millones de euros de multa. Al matrimonio, ocho años en prisión. Rodríguez de Castro dimitió en 2001, acuciado por las denuncias de sus irregularidades, y fue sustituido por Miguel Osuna. La fiscalía cree que se buscó su perfil de técnico experimentado para intentar arreglar los desaguisados cometidos por el anterior delegado. El escrito de acusación refleja que Osuna no tuvo intención de apropiarse de dinero público en su propio beneficio, al menos, no está demostrado. Pero el ministerio público le pide 13 años de cárcel porque está convencido de que supo de las ilegalidades que se estaban cometiendo y no actuó para evitarlo. Es más, continuó con los pagos a los socios de Miami y agravó los delitos al abonarles más de dos millones de euros.

Parte de la acusación se basa en que Osuna llegó a inmovilizar esos pagos aunque después terminó abonándolos. La fiscalía cree que la inmovilización prueba que Osuna era consciente de la irregularidad pero, por una causa desconocida, continuó abonando este dinero. También le acusa de ocultar información a los órganos de fiscalización, de ahí el delito de encubrimiento. Suma así más penas que su antecesor Rodríguez de Castro.

El PP de Cádiz sigue defendiendo a Miguel Osuna aunque ayer el secretario del PP andaluz, Antonio Sanz, evitó darle un respaldo público. “Esto es un paso más. Hay que esperar a una sentencia”. El secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, le reprochó ayer su “doble vara de medir” para pedir presunciones de inocencia cuando el caso afecta al PP y no tener ninguna cautela cuando la justicia investiga al PSOE.

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