80 trabajadores despedidos de Cajasur llevan a juicio a la entidad

Nuevo capítulo en el expediente de regulación de empleo de Cajasur aplicado por su nueva dueña, BBK. Y un nuevo escenario: los juzgados. Han comenzado los juicios por las más de 80 reclamaciones de otros tantos extrabajadores que demandaron a su antigua empresa al considerar que se les había abonado menos dinero del acordado el ERE, pactado entre la patronal y los sindicatos. Estos trabajadores forman parte de los 652 empleados que fueron puestos en la calle por los nuevos responsables de la antigua caja cordobesa, después de que el Banco de España interviniese Cajasur por el crítico estado de sus cuentas y la vendiese a la entidad vizcaína.

La demanda se inició en abril de 2011. Los demandantes fueron empujados a acogerse a las bajas incentivadas voluntarias. No les quedaba otra opción, pues se había cerrado el cupo de las prejubilaciones y de las suspensiones temporales de empleo que también contemplaba el ERE.

La principal divergencia entre los demandantes y Cajasur estriba en cómo se ha hecho el cálculo para pagar a los trabajadores. “La empresa ha aplicado el salario fijo de cada uno de los trabajadores a diferencia de lo que aparece en el ERE, que es el salario bruto y que comprende todos los conceptos salariales”, explica José Ángel Palomares, uno de los abogados que representa a los trabajadores. “Lógicamente, la cifra final sale más baja, en detrimento de los empleados. Y esa es la diferencia que estamos reclamando”. El letrado calcula que a sus representados se les adeuda entre 2.000 y más de 20.000 euros en algunos casos. Cajasur, por su parte, no va a pronunciarse hasta que no exista una resolución judicial.

Las vistas comenzaron el miércoles, con 12 casos y van continuar. Palomares afirma que los representantes de Cajasur han basado su defensa en unas actas de la comisión de seguimiento del ERE donde que justifica por qué cambian esas indemnizaciones. “Pero consideramos que esa comisión no puede modificar las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo. Un ERE que está, además, aprobado por el Ministerio de Trabajo. Una comisión debe velar por el buen desarrollo de ese expediente y que no tiene funciones interpretativas ni de reducción de derechos puede decidir nada. Lo hacen intentando ahorrar el último duro.

“No entendemos cómo una empresa que ha recibido dinero público para hacerse con Cajasur se esfuerza en ahorrar dinero de esta manera. No lo acabo de entender”, se lamenta uno de los trabajadores afectados.