Los funcionarios convocan una protesta contra la ordenación del sector público

Funcionarios de la administración andaluza se manifestarán el próximo sábado para exigir a la Junta que acate las diversas sentencias que le instan a paralizar la integración de personal subrogado en agencias públicas, como previó en la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Representantes de asociaciones y sindicatos de empleados públicos de Andalucía han indicado que retoman las movilizaciones tras un tiempo de inactividad, en el que se encontraban a la espera de las resoluciones judiciales que han sido contrarias para la Junta por lo que está eludiendo acatarlas.

Alicia Martos, representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSIF-A), ha señalado que el Gobierno andaluz está haciendo un "fraude de ley" al acogerse al artículo sobre la sucesión de empresas del Estatuto de los Trabajadores para que el personal subrogado "siga ejerciendo como empleados públicos".

Para la miembro del CSIF-A, la administración autonómica está "usando la ley para unos fines distintos para los que se creó" y está convirtiendo la administración en una "empresa privada", y ha añadido que a pesar de las críticas que les llegarán por estar en campaña electoral "también se le exigirá la derogación de esta ley" al gobierno que salga de los comicios del 25 de marzo.

A juicio de Pedro Ruiz Trillo, miembro de la asociación Defiendo Mi Derecho y Gestión Pública, el Ejecutivo andaluz esperará a que pasen las elecciones autonómicas para "deshacer el lío que ha provocado" con la denominada "ley del enchufismo" y ha especificado que por la vía judicial también han iniciado los trámites para pedir la ejecución forzosa de estas sentencias.

Para los convocantes de la protesta, sus reivindicaciones pasan también por reclamar una administración "profesional y no política y clientelar" que atienda a todos los ciudadanos "por igual" y que será el mensaje que transmitirán en la cabecera de la manifestación.

Por otra parte, Alicia Martos ha manifestado que la Junta es la que ha desprestigiado a los funcionarios para favorecer una administración "paralela" con personal que no es "imparcial ni objetivo" como los empleados públicos.

En este sentido, el presidente de la Asociación Aidós para la Defensa de la Administración Pública, Aurelio Barrera, ha remarcado la labor de los funcionarios en el caso de los ERE. "Como los funcionarios les ponían trabas al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, se trasladó el fondo de la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento Andaluz (IFA)", ha aseverado Barrera.