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Álava aprueba que los desahuciados no tengan que seguir pagando la plusvalía

La iniciativa podría extenderse a los otros dos territorios si hay consenso en sus Juntas

Una persona que es desahuciada de su vivienda tiene que seguir pagando, además de la deuda, que permanece, la plusvalía. Es decir, a pesar de que ya no se beneficia de una propiedad, en manos del banco que la hipotecó, tiene que seguir pagando —además del dinero que adeuda y que no se condona, porque la dación en pago no está generalizada— a su Ayuntamiento un porcentaje del hipotético beneficio que obtendría por el incremento del valor del suelo en el que se halla esa casa. A pesar de lo paradójico de esta realidad, la situación perdura en Euskadi. Hasta dentro de poco.

Las Juntas Generales de Álava dieron ayer el primer paso para eximir a las personas afectadas por desahucios de su vivienda o ejecuciones forzosas del pago de la plusvalía. La moción aprobada, una iniciativa del grupo juntero de Bildu, contó con el apoyo de todos los grupos. “No es justo que una persona que pierde su vivienda tenga que abonar un impuesto por el incremento del valor del suelo sobre un inmueble del que no se beneficia”, señaló su portavoz, Gorka Ortiz de Guinea.

En concreto, la moción exige una reforma de la norma foral que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, denominación completa del impuesto, que se tributa en los Ayuntamientos. Estos últimos han accedido en algunos casos a fraccionar el pago del impuesto para no ahogar a las familias, una situación puesta de relieve por el Ararteko.

La reforma de la norma deberá ser tramitada ahora para que el cambio sea real y, más adelante, las entidades locales tendrán que adaptar sus ordenanzas a las modificaciones.

Álava se convierte así en la primera provincia en dar este paso, pero no será la única. La iniciativa podría extenderse a los otros dos territorios si existe el consenso suficiente en sus correspondientes Juntas Generales.

Fuentes de la Diputación de Gipuzkoa explicaban ayer a EL PAÍS que la decisión de plantear un cambio de la norma foral en estos términos está tomada desde finales de 2011. “Está claro que el sujeto titular del inmueble no se ha lucrado al despojarle su vivienda”, dijeron entonces. El grupo juntero de Bildu en Bizkaia confirmó que ultima una iniciativa muy similar, que será registrada en breve.

Esta iniciativa se suma a la que el Gobierno vasco ultima para potenciar la mediación y evitar las ejecuciones hipotecarias de los bancos.