La exhaustiva investigación remitida al fiscal evitaría más interrogatorios

La voluminosa documentación aportada por el departamento de Justicia del Gobierno vasco al fiscal superior de esta comunidad, Juan Calparsoro, en relación a supuestas irregularidades cometidas en este área entre los años 2000 y 2009 podría determinar, por sus elementos indiciarios, el proceso judicial a seguir. La investigación emprendida en su día por el viceconsejero Txema Finez, hasta su fallecimiento, y después por su sucesora en el cargo, María Victoria Cinto, incorpora tal cantidad de expedientes como aval de la tesis de la existencia de “anomalías procedimentales” que evitaría, de hecho, incorporar nuevos interrogatorios en un supuesto proceso judicial, según personas próximas a esta denuncia.

Finalmente, Calparsoro ha decidido remitir a la fiscalía de Álava, circunscripción donde se han producido los hechos, localizados en el Departamento de Justicia, todas las diligencias por las supuestas irregularidades para que decida "las acciones penales que sean procedentes".

Calparsoro estudia ahora el trámite que debe dar a la denuncia planteada

La señalización de las supuestas irregularidades, centradas de antemano en un volumen ya acotado de expedientes, que dibujan un escenario muy claro sobre el objeto de la denuncia no necesitaría, inicialmente, de una nueva investigación que se encargaría a la fiscalía de la Audiencia alavesa. En base a la hipótesis de trabajo de fuentes jurídicas, todo hace indicar que el expediente se remitiría sin especial dilación a uno de los juzgados de Vitoria.

En paralelo, los partidos políticos abordarán en el transcurso de esta semana los contactos para fijar posiciones sobre la posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre este caso. Más de un portavoz parlamentario ya se ha adelantado a suscribir la conveniencia de esta comisión. Precisamente para el próximo miércoles se prevé que ya quede perfilado el dictamen correspondiente a los trabajos de la comisión que investigó en el Parlamento el denominado caso De Miguel, y que ha presidido Juanjo Agirrezabala, único representante de EA en la Cámara y que fue el primero en anunciar su disposición a que se lleven las supuestas irregularidades de Justicia a este tipo de comisiones. En medios jurídicos no se acierta a ver con buenos ojos este tipo de procedimientos cuando la denuncia ya está en sede judicial.