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La Junta adeuda 286 millones a las aseguradoras de los ERE

El principal acreedor es Generali, a la que se deben 100 millones de euros

Protesta de prejubilados de los ERE en la Consejería de Economía.
Protesta de prejubilados de los ERE en la Consejería de Economía.

El escándalo de los ERE fraudulentos tiene múltiples aristas. Y a la malversación y al embrollo administrativo que cuestiona el procedimiento de las ayudas públicas se le suma una muy dañina para las arcas públicas: una deuda de 286 millones que la Junta mantiene con las aseguradoras de los expedientes de regularización de empleo, herencia de un caos contable prolongado durante una década. La cifra es una pesada losa que condiciona el pago de las prejubilaciones de las que depende la economía familiar de miles de trabajadores. “La Junta es sistemáticamente informal. No paga y no paga”, afirman fuentes de la negociación entre el Gobierno andaluz y las aseguradoras, que han cifrado el total de la deuda a fecha 31 de enero.

La Junta adeuda esos 286 millones a cuatro aseguradoras: Generali, Caixa Vida, BBVA y Apra Leven. La reacción entre diversos responsables de la Consejería de Empleo ante la losa financiera es muy particular: debido a la cercanía de las elecciones autonómicas, la estrategia que todos proclaman, pero siempre en privado, es esperar. A que un nuevo equipo directivo renovado afronte el vendaval que ha supuesto para la Dirección General de Trabajo el caso de los ERE si gana el PSOE, o a que el cambio sea aún más drástico y la patata caliente le caiga al PP si vence en los comicios. Porque ahora mismo autorizar el pago de las pólizas, con una juez (Mercedes Alaya) que considera todo el procedimiento ilegal y un calendario de pagos asfixiante en plena política de austeridad, es un trago difícil de asimilar que ya le ha costado la imputación al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, y a sus inmediatos antecesores.

Los intereses fueron creciendo y  los calendarios de pago se incumplen por sistema

El grueso de la deuda la mantiene el Ejecutivo con la aseguradora Generali (antigua Vitalicio), en torno a los 100 millones; a continuación está La Caixa, que mantiene un crédito con la Junta de 90 millones; el BBVA en torno a los 60 millones y, finalmente, los administradores de la aseguradora belga Apra Leven reclaman al Gobierno andaluz 36 millones. El caos que mantuvo Empleo durante años con unas comisiones desorbitadas por parte de las consultoras y unos calendarios de pago cómodos supusieron una trampa muy clara: los intereses fueron creciendo como la espuma y hoy los calendarios de pago se incumplen por sistema. Un ejemplo es la primera póliza de Santana, cuya finalización de pago se fijó para 2004. Ocho años después, sigue pendiente y la factura sigue subiendo.

Entre el pasado diciembre y enero, la Junta pagó 30 millones (en dos pagos de 18 y 12 millones) del expediente de Delphi, porque las amenazas de las aseguradoras se cumplen cada cierto tiempo y cierran el grifo. Dejan de pagar las pólizas, los sindicatos presionan al Gobierno, los trabajadores se echan a las calles a protestar y, finalmente, la Junta cede. En ese círculo vicioso se encuentran desde el pasado otoño y sin claros visos de una solución temprana.

En la deuda hay pagos pendientes de múltiples expedientes con una trayectoria complicada y resultado de haber ordeñado la vaca de las arcas públicas con demasiada codicia. El grupo Eurobank tramitó múltiples ERE a través de su consultora Vitalia y su aseguradora Fortia, disuelta por la Generalitat catalana por un supuesto caso de descapitalización. El último eslabón fue la aseguradora Apra Leven, a la que se trasvasaron de manera supuestamente ilegal numerosas pólizas de Fortia. Como resultado y tras la intervención de Apra Leven por las autoridades belgas, los administradores reclaman a la Junta 36 millones por impago en un proceso judicial que se augura eterno.

Con los fondos que adelantó Empleo al grupo Eurobank, este invirtió el dinero en ocasiones en el ladrillo de países tan dispares como Rumanía, Brasil y República Dominicana. Es por ello que después de las presuntas malversaciones de fondos públicos y las prácticas del grupo, el pago de las pólizas de Apra Leven sea una cuestión harto espinosa.

Sin póliza para Santana

J. M.-A., Sevilla

Las dificultades de la Junta para encontrar fondos que sufraguen los ERE comprometidos tiene un claro ejemplo: el último expediente subvencionado fue consecuencia del cierre de la empresa con participación de la Administración, Santana Motor, en Linares. Un año más tarde no hay una aseguradora asignada para la póliza de 150 millones que debe cubrir 865 prejubilaciones.

Las aseguradoras están a la espera de una oferta de la Junta. “Innovación y Empleo están haciendo los cálculos. La Junta está en ello”, afirma el expresidente del comité de empresa, Pedro Gálvez (CC OO). Pero lo más curioso es que la Junta estima que son los sindicatos los que deben acudir a Empleo con una oferta: “Ellos tienen que presentar las propuestas para suscribir la póliza. Los tomadores serían ellos”, afirman fuentes de Empleo.

El desconcierto es producto de que son las primeras prejubilaciones con la nueva orden que reguló las ayudas sociolaborales el pasado 6 de abril y que deja la búsqueda de aseguradora en manos “de la empresa o los trabajadores”. El reloj corre en contra porque los trabajadores se encuentran en una “disposición transitoria” hasta el 7 de marzo. Ahora la Junta les está abonando el diferencial entre la asignación por paro (unos 1.050 euros) y el 90% de su salario, para que puedan cobrar alrededor de 1.500 euros mensuales.