La sede de Urbanismo de Marbella se traslada a un antiguo edificio ilegal

Marbella pasa páginas, pero le cuesta mucho cerrar el libro. Casi seis años después de que saltara a la luz la Operación Malaya contra la corrupción en su Ayuntamiento, el equipo de gobierno del PP ha conseguido desprenderse del que fue cuartel general del máximo imputado en el caso: el exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca.

Desde hace apenas una semana, los 91 empleados de la delegación de Urbanismo, con el concejal Pablo Moro incluido, se han trasladado a un nuevo edificio de pasado ilegal.

Las antiguas dependencias de Urbanismo, un edificio de arquitectura presuntuosa que escondía unas deficientes instalaciones, están ahora en manos de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento marbellí se lo ha entregado para descontar 4,7 de los 100 millones que la Administración andaluza le prestó cuando se descubrió que las arcas municipales estaban vacías. La Junta ya lo ha intentado subastar pero, según la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la puja quedó desierta en la primera convocatoria.

La mudanza obedece tanto a razones logísticas como simbólicas. “Teníamos que salir de aquella cueva de Alí Babá para resetear aquella gestión urbanística y dejarla atrás”, afirma Pablo Moro (PP), concejal de Urbanismo desde su nuevo despacho. “La antigua sede tiene una carga simbólica muy importante, está bien dejarla atrás”, añade. El edil considera que los empleados están “bastante satisfechos” porque las viejas instalaciones de la avenida de Ricardo Soriano ya dejaban que desear. Pese a no tratarse de un edificio antiguo, algunos tenían que trabajar en un sótano, había filtraciones de agua y resultaba muy costoso adaptar sus oficinas a las nuevas tecnologías.

El nuevo edificio es el único inmueble de oficinas que se ha regularizado

La nueva sede, ahora legal, también tiene un pasado urbanístico tormentoso. “Se ha cerrado un símbolo de la corrupción en Marbella para abrir otro símbolo de la corrupción legalizada”, aporta José Bernal, portavoz del PSOE marbellí, en la oposición. “Te da la sensación de que siempre pierde el pueblo y que se sigue negociando con los mismos con los que ya lo hizo el GIL”, añade.

Se trata de un edificio de siete plantas que ocupaba un suelo destinado a equipamiento público y cuyas obras fueron paralizadas en 2006 por la comisión gestora que gobernó Marbella tras saltar el caso Malaya. Entre los propietarios está el abogado Juan Germán Hoffmann, procesado por el caso de corrupción marbellí, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano, del PP, entre otros. El proyecto fue investigado en la causa contra la corrupción en Marbella, pero no forma parte del juicio que se desarrolla desde septiembre de 2010 en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Tanto PSOE como IU, en la oposición, creen que se ha pagado un precio muy bajo por regularizar el bloque y han acusado al gobierno de Ángeles Muñoz de trato de favor hacia sus propietarios. La alcaldesa defiende que se han aplicado los parámetros previstos en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. Los propietarios han cedido 1.380 metros cuadrados de los 4.541 metros cuadrados del bloque y han sufragado las obras de acondicionamiento de las oficinas, según el Consistorio marbellí.

El edificio se levantó en el solar que ocupaba la antigua sede de Correos. El convenio para construirlo se firmó en 2001, con Julián Muñoz de alcalde. Javier de Luis, exconcejal marbellí que fue azote de los pecados urbanísticos de los gobiernos gilistas, ve en la cesión de estas dependencias “el único logro tangible” en cinco años de política urbanística del PP. A pesar de ello, De Luis, ahora miembro de Equo, destaca la “poca operatividad” de las nuevas instalaciones. “No hay aparcamiento y la mayoría de la gente que hace gestiones viene en coche”, explica.

El cambio ha sido un éxito, según el responsable de Urbanismo, gracias a que se han mudado a un bloque de oficinas. Se trata, según Pablo Moro, del único inmueble apto para dependencias municipales que han logrado obtener por el sistema de compensaciones, algo que cuesta creer en una ciudad en la que se prevé regularizar 16.500 inmuebles. “Se han logrado otras entregas de suelo, para zona verde, equipamientos o dinero, pero este es un caso especial porque los edificios de oficinas no son comunes”, explica Moro.