Solo ocho jueces conservarán escolta

La protección personal a los miembros de la judicatura quedará reducida desde la próxima semana a la mínima expresión. Así se lo ratificaron ayer a la cúpula de la judicatura autonómica el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, durante una reunión mantenida en la sede del Tribunal Superior en Bilbao.

En concreto, solo ocho jueces de los cerca de 200 que ejercen en Euskadi mantendrán el servicio de escolta: el presidente del Superior, Juan Luis Ibarra; los responsables de sus Salas de lo Contencioso y de lo Social, Luis Garrido y Garbiñe Biurrun, respectivamente; los de las Audiencias de Bizkaia, Ángel Gil; Gipuzkoa, Iñaki Subijana, y Álava, Mercedes Guerrero; el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, y el de Vigilancia Penitenciaria de la capital vizcaína. Su número de guardaespaldas, sin embargo, se verá reducido.

El plan de protección personal a la judicatura autonómica se puso en marcha en 2001, tras el asesinato del juez José María Lidón a manos de ETA. La merma de la actividad terrorista de los últimos años, sin embargo, ha contribuido a un descenso de la percepción de riesgo por parte de los jueces, de los que ni siquiera un centenar mantienen el servicio de escolta. Solo los más altos cargos de la judicatura seguirán vigilados, más por sus respectivos puestos que por la amenaza de la banda.