El fraude supone más de un tercio de las partidas para la informatización

Las irregularidades descubiertas por Justicia en el pago de facturas que este departamento habría abonado indebidamente entre 2000 y 2009, bajo mandatos de EA y con Ibarretxe al frente del Ejecutivo, no suponen una excepción, sino que suman más de un tercio del total de la inversión realizada por el Gobierno en informatizar la Administración de Justicia.

El Ejecutivo destinó 60 millones de euros en dicho plazo a ese cometido, y más de 23 millones están bajo sospecha tras dos auditorías, una interna y otra externa, y sometidos al escrutinio de la fiscalía.

Mendia pide comparecer en el Parlamento para dar explicaciones

El Gobierno optó ayer por entregar todo el expediente en mano, acompañado por un oficio, a la fiscalía de la Audiencia de Vitoria para evitar filtraciones. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, solicitó de modo simultáneo comparecer en la comisión correspondiente del Parlamento para explicar en todos sus extremos las irregularidades descubiertas.

Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones con la Administración de Justicia durante los años en que presuntamente se produjo el fraude, dio a conocer a través de la agencia Efe un comunicado en el que niega cualquier responsabilidad. De Miguel aclaró que entre sus funciones no estaba la firma de contratos de adjudicaciones a empresas, un cometido que, efectivamente, corresponde a las direcciones de servicios de cada departamento. Sí se hallaba bajo su responsabilidad dar el visto bueno a las facturas que preparaba el servicio de informática, a cuyo frente ascendió en 2000 a la técnico Ana Molina, coincidiendo con la llegada de EA al departamento, con Sabin Intxaurraga, ya fallecido, como consejero y Esther Larrañaga como viceconsejera.

Molina negó a este periódico, como hizo De Miguel en su comunicado, tener afiliación ni afinidad política alguna, “Fui responsable de informática judicial en un servicio que desarrollaba las políticas que iba adoptando el departamento”. En ese trabajo técnico, describió, sí se incluía “buscar y proponer las mejores ofertas, después de valorar las que presentaban las diferentes empresas y de examinar los expedientes”.

También se encargaba, aunque no en solitario, aseguró, de certificar la realización de los trabajos. “Firmaba tanto yo como mis compañeros de servicio; todos trabajábamos en equipo”, indicó. Molina certificaba que el trabajo citado en cada expediente estaba hecho —“y estaba hecho”, subrayó—. Sobre la base de esa certificación, acompañada de las correspondientes memorias, añadía luego su visto bueno la directora De Miguel. Esta última era quien lo remitía a la Dirección de Servicios para que procediera a devolver los avales depositados por las empresas adjudicatarias y a pagarles.

De Miguel insistió que los contratos cumplieron todos los requisitos y que los trabajos se ejecutaron “prácticamente en su totalidad”, aunque “pendientes de implantación”. Esta última, matizó, quedaba “supeditada a las posibilidades reales del entorno, a la no paralización del funcionamiento normal de los órganos judiciales y a las reformas que se iban sucediendo” en el conjunto de España.