El Gobierno debe 50 millones de ayudas a las familias con niños

La Generalitat debe cerca de 50 millones de euros a las familias que disfrutan de una ayuda por tener hijos pequeños a su cargo. Según el Gobierno catalán, entre 70.000 y 80.000 padres no han cobrado aún la prestación universal de 638 euros correspondiente al año 2010. La cifra supone el 30% de los beneficiarios, según explicó ayer el secretario de Familia del Departamento de Bienestar, Ramon Terrassa.

Unas 50 de esas familias se han puesto en contacto en las últimas semanas con el Colectivo Ronda para explicar su situación. El bufete de abogados ha abierto ahora un plazo para que los afectados se sumen a una reclamación colectiva a la Administración. “Les daremos un mes para que paguen lo que deben y, si no lo hacen, acudiremos a los tribunales”, explicó uno de los abogados del colectivo, Óscar Serrano, que es al mismo tiempo uno de los afectados por el impago.

Serrano aseguró que los problemas de “tesorería” aducidos por la Generalitat no son excusa para incumplir los compromisos con los ciudadanos. El abogado añadió que lo habitual, desde 2008, ha sido cobrar la prestación anual a mediados del año siguiente. El secretario de Familia, por su parte, negó que el pago se haya aplazado sine die y confió en abonar las cantidades que se deben entre este año y 2013. La Generalitat sostiene que, de hecho, el 70% de las prestaciones —que otorgan una ayuda anual para padres con niños de hasta tres años— ya se han tramitado.

Según Terrassa, con la nueva ley aprobada el pasado verano, el Gobierno catalán tiene un plazo de cinco años para pagar las ayudas de años anteriores. Esa nueva normativa limita la ayuda, además, a las familias numerosas y con rentas más bajas. Serrano discrepa: sostiene que la norma es “inconcreta” sobre los plazos y añade que, en todo caso, no tiene carácter retroactivo.

“Antes quizá era una ayuda extra que venía bien y ya está. Pero en plena crisis hay mucha gente que contaba con ese dinero y ahora no lo tiene”, sintetizó Serrano. “Las cantidades ya están dotadas en el presupuesto y el Gobierno catalán no tiene otra que pagar”, añadió el abogado, que lamentó la “falta de información” a los afectados. El bufete cobrará una “cantidad simbólica” (40 euros) a las familias que quieran sumarse a la reclamación. Terrassa alertó sobre “iniciativas privadas que piden dinero por adelantado”.