El PP veta una comisión de financiación autonómica

El cambio de inquilino en el palacio de la Moncloa ha tenido consecuencias en la actitud del PP valenciano hacia el Gobierno de España. Aunque los populares sostienen formalmente la exigencia de una financiación autonómica más justa, que esgrimieron reiteradamente frente al Ejecutivo que presidía el socialista Rodríguez Zapatero, no están dispuestos a exhibir frente a Mariano Rajoy este tipo de reclamaciones institucionales desde las Cortes Valencianas, como era su costumbre. Ayer mismo, en la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica, el PP vetó la tramitación de una proposición del líder socialista Jorge Alarte para crear una “comisión no permanente especial para el estudio de un nuevo modelo de financiación autonómica que equipare la financiación per cápita de los valencianos al resto de las comunidades autónomas”.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Cristina Moreno, dijo que “el PP empieza ya a evidenciar que actúa de forma diferente cuando el Gobierno es de un color o de otro” y añadió: “Ahora no quieren molestar a Rajoy”.

El portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, alegó, para justificar que su grupo rechazara la tramitación de la propuesta, que ya existe una comisión de expertos sobre financiación autonómica y que “la oposición se burla del rigor de las comisiones especiales al pedirlas en tromba y olvidar la actividad legislativa”. Una opinión política a la que, sin embargo, no supo añadir en qué argumento reglamentario se basa el PP para impedir que la iniciativa socialista llegue a debatirse y, por tanto, votarse, en las Cortes.

No se puede impedir el debate

“Pueden mantener su postura con la fuerza de sus votos, pero no pueden evitar que se debata”, se quejó Mònica Oltra, de la Coalició Compromís, sobre la negativa del PP a tramitar propuestas de su grupo como una relativa a la memoria histórica, la condena del franquismo y el Valle de los Caídos que fue admitida a trámite en julio pero decayó, y ahora los populares se niegan a tramitar.

El pleno de las Cortes del próximo día 15 de febrero elegirá a un vocal del PP en el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Se trata de la vacante dejada por Juan de Dios Navarro cuando fue designado delegado del Consell en Alicante. El portavoz de Compromís, Enric Morera, emplazó a los socialistas a bloquear la elección, dado que exige una mayoría cualificada, para no apoyar “a los que quieren destruir RTVV”. En opinión de Morera, el PSPV-PSOE cometería un “gravísimo error político” si facilita esa renovación.

La socialista Cristina Moreno respondió que su grupo no va a ser “cómplice” del desmantelamiento de RTVV que pretende el Consell, pero advirtió que “los acuerdos son para cumplirlos” y, si el dimitido era representante del PP, le corresponde a ese grupo sustituirlo. Moreno recordó que el representante de Compromís en el consejo de RTVV fue elegido en su día también con los votos del PP y dejó caer que los populares habían propuesto a los socialistas un pacto que incluía las vacantes en RTVV y en el Consell Valencià de Cultura (CVC).

En efecto, la idea inicial del PP era llevar al pleno del día 15 también las dos vacantes del CVC, producidas el pasado junio, cuando los socialistas retiraron en el último momento un candidato inelegible y el PP dejó fuera al candidato de Compromís, el escritor Joan F. Mira, porque la coalición decidió votar solo a sus candidatos en organismos como RTVV. El portavoz popular Rafael Blasco ofreció al síndic socialista Jorge Alarte dejar a Compromís fuera del Consell Valencià de Cultura y excluir a la coalición de izquierdas de la comisión de las Cortes Valencianas que ha de defender ante el Congreso de los Diputados la reforma del Estatut d’Autonomia. La negativa de los socialistas a romper los pactos para los organismos consultivos y a excluir a Compromís de la defensa de la reforma, cuando la votó a favor y hay tres plazas para hacerlo, llevó al PP a no incluir las vacantes del CVC en el orden del día.

El PP "ahora no quieren molestar a Rajoy”, dice Moreno

El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, a su vez, criticó que la Mesa de las Cortes haya desoído, por decisión del presidente, Juan Cotino, la propuesta de esta formación de pedir un informe jurídico sobre la legalidad de aplicar el decreto ley de medidas urgentes del Consell contra el déficit, es decir, los recortes, al personal dependiente del Parlamento. Esa medida, indicó Blanco, “incumple la separación de poderes”.

El calendario del nuevo periodo parlamentario incluye una docena de plenos hasta finales de junio y prevé desarrollar el trabajo de dos importantes comisiones de investigación, la de la caída de la Caja del Mediterráneo, que ya está en marcha, y la del caso Emarsa, que se constituirá el mismo miércoles día 15 tras la celebración del pleno. La socialista Cristina Moreno recordó que su formación tiene mucho interés en el trabajo de esa comisión, que propuso el PSPV-PSOE y aceptó crear, casi por sorpresa, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Moreno insistió en que los socialistas pedirán que comparezcan en la comisión cargos del PP como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o los concejales Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado, que presidieron la empresa que gestionaba la depuradora de Valencia, así como el último presidente de Emarsa, Enrique Crespo, que dimitió de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia la semana pasada.