Sant Cugat exige a la Generalitat el pago de una deuda de 4,5 millones

La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa (CiU), ha reclamado a la Generalitat el pago de los 4,5 millones de euros que le adeuda, una cifra que atribuye en gran parte a compromisos que adquirió el anterior Gobierno. Conesa defiende que los Ayuntamientos reclamen al Gobierno catalán lo que les debe, aunque matiza que “otra cosa es si se hace responsables o no” de esta situación “a los que gobiernan”.

A juicio de Conesa, el Gobierno de Artur Mas ha dado la cara ante “la falta de previsión” con que actuó el Ejecutivo tripartito, alegando que había compromisos concertados en 2007. Ese año, dijo, ya se apuntaba el inicio de la crisis. Por ese motivo, considera “absurdo” exigir el pago de forma inminente por la débil situación de las arcas catalanas tal como demanda la moción que el PSC quiere presentar en todos los Ayuntamientos en este sentido.

“Esto es no tener conciencia de la realidad. Es un brindis al sol y una falta de responsabilidad política e institucional”, sostiene Conesa, quien considera que si el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero hubiera pagado al Ejecutivo autónomo los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatuto, ello habría redundado en una mejora de las finanzas catalanas y municipales.

La alcaldesa sopesa suprimir servicios

Se trata, precisamente, de casi la misma cantidad que la Generalitat debe a las entidades locales (Ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones), en concreto 753 millones de euros. Esta situación y el hecho de que la Generalitat no pueda cubrir proyectos o actuaciones cuyo coste está repartido al 50% con los Consistorios provoca, según Conesa, que Sant Cugat tenga que buscar alternativas para seguir prestando al mismo nivel de servicios, por ejemplo el de guarderías.

Aunque descartan bajar sueldos, sí se plantean incrementar ratios —siempre en consenso con los empleados de las guarderías—, de forma que el mismo equipo pueda atender a más niños y, con los mismos costes, dar más servicios y tener más ingresos, entre otros planteamientos. A la espera de que el Gobierno catalán apruebe la Ley de Gobiernos Locales y de Haciendas Locales, Conesa ha expuesto sus preferencias en el ámbito de la financiación local y ha reivindicado que una buena salida para los Consistorios sería que tuvieran participación directa en el IRPF, como en el caso de Bilbao.

Si esta opción no estuviera encima de la mesa, la alcaldesa sopesa suprimir servicios que presta actualmente este mismo año, como ha sucedido en Terrassa: “Lo estamos estudiando”. Entre los servicios que podrían resultar afectados están algunos talleres artísticos, que serían eliminados como ya lo fue hace tiempo la Casa dels Infants, y estudian otras opciones, como suprimir algún horario o servicio de bus.

“O subimos mucho sus precios o nos planteamos hacerlo de forma diferente, por ejemplo con talleres más esporádicos”, ha advertido.