Las asambleas de las cajas centran el debate
Fue un intento baldío el de ayer del consejero de Economía, Carlos Aguirre, de que el debate de una importante ley de su departamento, comprometida además en el acuerdo de bases con el PP, la que crea la Autoridad Vasca de la Competencia, se centrara en su contenido, como pidió en la defensa de su texto. El colmo fue que el partido que había reservado el grueso de sus enmiendas para el pleno, EA, no defendió ni una sola de ellas y además se negó a participar en la votación.
Todo se centró en la Disposición Transitoria añadida de común acuerdo por PNV, PSE y PP para prolongar el mandado de los órganos de gobierno de las tres cajas de ahorro y evitar sendos procesos de renovación en dos meses. Este punto acaparó las intervenciones y el enfrentamiento entre esos grupos y EA, en un indisimulado papel de defensor de las posiciones de Bildu. “Resultaría recomendable que esta disposición no capitalice el debate de una ley de la suficiente importancia y entidad como para merecer toda la atención de sus señorías”, sugirió Aguirre.
EA se empeñó en señalar que el objetivo era esquinar a la coalición abertzale que gobierna en Gipuzkoa y amenazó con llevar al Tribunal Constitucional la disposición aprobada, respaldada con la amplia mayoría que suman los tres grandes partidos. Estos argumentaron unidos en contra de supuesta inconstitucionalidad que aducía el parlamentario de EA, Juan José Agirrezabala.
Tanto insistió que la socialista Susana Corcuera y el popular Antón Damborenea le dieron una irónica bienvenida “al club” de los defensores de la Constitución.
El peneuvista Ricardo Gatzagaetxeberria negó intencionalidad política alguna sobre Bildu y dijo que la disposición pactada responde a una petición de las cajas al Gobierno y al interés en no movilizar dos veces seguidas a las más de 7.000 personas que deben participar en el proceso.
Tanto Aguirre como Corcuera no dejaron de señalar que el retraso en la aprobación de la ley, que habría evitado el riesgo enmendado ayer, se debió a su impugnación por la Diputación de Bizkaia, es decir, por voluntad política del PNV, que la gobierna.
