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La Generalitat pedirá a Fomento que no multe con 9 millones a Spanair

Los consejeros de Economía y de Sostenibilidad comparecerán en el Parlament

Empleados de Newco, empresa de 'handling' para Spanair, se han concentrado esta mañana en el aeropuerto de El Prat.
Empleados de Newco, empresa de 'handling' para Spanair, se han concentrado esta mañana en el aeropuerto de El Prat.

La Generalitat tiene previsto pedir al Ministerio de Fomento que no multe a Spanair, que cesó su actividad este viernes, según ha avanzado el director general de Transportes y Movilidad, Ricard Font, en Lleida. "Entendemos que en todo momento han estado informados a través del director general de Aviación Civil y, por tanto, creemos que en estos momentos tendría que reconsiderar esta posición", ha asegurado Font. La multa podría ascender a los nueve millones de euros.

Pese a la postura de Font, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha sido sumamente prudente al valorar el desplome de la aerolínea y ni siquiera ha querido invitar públicamente a Fomento a que no aplique la sanción. "Supongo que [el Ministerio] actuará de acuerdo con la ley, pero durante el fin de semana hemos trabajado codo con codo con Fomento", ha dicho Homs. Con toda probabilidad, Artur Mas, presidente de la Generalitat, solicitará mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no sancione a a la compañía.

La Generalitat, que cuenta con el 24% de acciones de Spanair, ha decidido no iniciar una investigación sobre el cierre de la compañía y ha remitido todas las explicaciones a la próxima comparecencia que realizarán en el Parlament los consejeros de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder. "Allí lo haremos con profundidad", ha señalado Homs tras la reunión del Gobierno catalán. Amparado en esa inminente sesión en la Cámara, el portavoz se ha negado a contestar un rosario de preguntas sobre la caída de la compañía. No ha contestado qué cantidad quiere recuperar la Generalitat de los 150 millones invertidos; cómo afronta su doble condición de acreedora y accionista; cómo valora el escaso apoyo financiero que la compañía ha encontrado en el empresariado catalán, y qué parte del dinero invertido respondía a créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

La estrategia de Homs ha sido la de echar tierra y no encender más los ánimos, aunque ha reconocido que la Generalitat se sentía responsable de lo ocurrido. "Como Gobierno, somos responsables de lo que sucede en este país. Este proyecto era de país y un negocio. Lo inició el tripartito y nosotros lo continuamos. Pero se llegó a un momento en que no podíamos hacer más", ha señalado Homs, que ha corregido así a Recoder, que horas antes había valorado que la Generalitat  no se sentía responsable y que descartaba  abrir una investigación.

"Esto lo debe decidir el juez. Nosotros no tenemos intención de hacerlo porque no tenemos indicios de que sea necesario. Los gestores han hecho su trabajo razonablemente bien", ha explicado Recoder en declaraciones a RAC-1. Recoder ha avanzado que el consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, iba a presentar un plan para recolocar a trabajadores de Spanair y Newco en otras empresas del mismo sector. Pero en realidad no ha sido así: Homs ha limitado el papel de la Generalitat al de simple autoridad laboral como en cualquier conflicto.

El mutismo de Homs ha contrastado con la valoración de Recoder, que ha recordado que la situación de la compañía aérea en 2008 "era terrible porque estaba al final de sus días". El consejero de Sostenibilidad ha calificado la idea del tripartito de reflotar Spanair de "bien intencionada" teniendo en cuenta que el aeropuerto de El Prat necesitaba una compañía central que ayudara a convertirlo en un auténtico hub, sobre todo después de que Iberia priorizara Barajas.

Recoder considera que el presidente de Spanair, Ferran Soriano, ha hecho un "buen trabajo" teniendo en cuenta que la realidad no era fácil, y ha añadido que no mintió cuando anunció que el acuerdo con un socio industrial se podría cerrar en marzo porque las negociaciones con Qatar Airways se rompieron al no poder garantizar que Bruselas considerara las inversiones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona como ayudas de Estado. Tampoco la Generalitat se siente responsable civil subsidiaria del cierre de Spanair: "La Generalitat controlaba el 24% de las acciones de la aerolínea; era un inversor más, pero no el gestor".  Asimismo, ha sostenido que los inversores tienen "pocas expectativas" de recuperar lo invertido en Spanair, y ha recalcado que el Gobierno catalán no se plantea invertir en otras compañías porque no está dentro de su capacidad.