La juez del 'caso ERE' imputa al actual director general de Trabajo

Del pasado al presente. La juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado al primer alto cargo del actual Gobierno andaluz. La decisión de acusar al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, es un varapalo a la estrategia de revisión del escándalo que ha realizado la Junta, cuyos verbos hasta ahora se conjugaban en pasado. Desde hoy el escenario del caso, que marca la precampaña electoral andaluza y ya acumula 48 imputados, ha dado un vuelco.

La magistrada ha imputado a Rivera y a su antecesor, Juan Márquez, por lo que ya están acusados los tres directores generales de Trabajo de la Junta desde 1999. Alaya les acusa de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compañía). “Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración”, señala en un auto.

Alaya subraya que Rivera autorizó el abono de la prima de 175.998 euros, competencia que atañe al consejero según la Ley de Subvenciones, y ordena investigar si el alto cargo autorizó un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitación del ERE. En el auto conocido hoy, Alaya imputa en total a 18 personas, entre las que hay políticos, abogados, sindicalistas o empresarios. El Gobierno andaluz cree “infundada” la imputación de Rivera.

La acusación de la juez Alaya se apoya en los atestados de la Guardia Civil sobre las irregularidades detectadas: “Los sucesores de Javier Guerrero [primer director general y principal imputado del caso] no solo dan continuidad a los acuerdos alcanzados por este sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además han dado forma a los mismos mediante la emisión de resoluciones posteriores por las que se ordenan los pagos y en las que se da por hecho la concesión de dichas ayudas”.

La Junta defendió hoy la labor de Rivera porque la póliza fue tramitada cuatro años antes de su nombramiento como director general y porque cuando este autorizó los pagos, no había indicios de irregularidades. “No tiene la menor responsabilidad”, señaló el Gobierno andaluz, que destacó que Rivera adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla nada más saltar el caso. Además, fue el instructor de la investigación interna de la Junta para detectar intrusos. Mientras, Juan Márquez está acusado de autorizar la inclusión de dos intrusos en el expediente de Calderinox, tramitado “con total ausencia de procedimiento”. Alaya también considera al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ya imputado en la causa, “activo partícipe en la introducción de los dos intrusos”. La Guardia Civil subraya que el papel de Rivas tiene “especial trascendencia para la formalización y consecución” del ERE de Surcolor.

El caso ha entrado hoy en una nueva fase porque además de acusar al actual Ejecutivo andaluz de continuar con un protocolo de actuación viciado e ilegal para los ERE, la juez ha imputado a 18 nuevas personas (existían ya 30 acusados) tras analizar solo cuatro de las más de 200 empresas beneficiadas por Empleo.

Entre los nuevos imputados destacan los supuestos responsables de la mayor malversación de fondos públicos según la investigación: los responsables de las consultoras Vitalia y Uniter que intermediaron para los ERE entre la Administración y las aseguradoras. Alaya acusa al exdirector comercial de Vitalia Antonio Albarracín y a su responsable regional Jesús Bordallo, así como al responsable de Uniter, José González Mata, de facturar un sobrecoste de 1,3 millones según los precios que fija el mercado. “Resulta inaudito que la Junta admitiera estos sobrecostes y que estas entidades además no tenían autorización administrativa para actuar (...) Los gastos de comisiones de Vitalia fueron del 16% mientras que la media era de 3%”, destaca la juez, que acusa a Albarracín y Bordallo de incluir múltiples intrusos.

La cúpula de la Consejería de Empleo ha defendido con insistencia la ejemplar actuación de Uniter en comparación con Vitalia, razón por la que la primera ha acaparado las reconversiones industriales de los últimos años. Pero la magistrada discrepa y acusa a González Mata: “Partícipe activo en la inclusión de los dos intrusos al realizar los cálculos actuariales de los mismos” en la empresa Calderinox. El expediente tuvo tres proyectos de pólizas y su importe varió desde los 638.453 euros del primero a los 893.882 euros del último, que incluyó como intruso al ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés. Este no trabajó en Calderinox pero debía cobrar una indemnización por enfermedad tras dirigir una escuela de Bellas Artes en Gelves (Sevilla).

El auto alberga una especial relevancia en ámbitos jurídicos porque implica acusar a uno de los mayores bufetes del país, Garrigues. Dos letrados suyos, José Miguel Caballero y Juan Antonio López, han resultado imputados por su “activa” intervención en todo el proceso de negociación y tramitación del ERE de la empresa Acyco. Alaya les acusa de “obviar el procedimiento administrativo adecuado” y participar en la inclusión de dos intrusos y la presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Poto, pese a saber que seguiría vinculada a la empresa.

La juez acusa asimismo a dos letrados del despacho Estudio Jurídicos Villasís, “especialistas en prejubilaciones financiadas por la Junta”, por conocer y dar el visto bueno a la inclusión de dos intrusos en Surcolor a través de su comercial Juan Lanzas.

La magistrada imputa a los sindicalistas de CC OO Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca por colaborar par incluir un intruso en Calderinox, y a los empresarios responsables de tres empresas: Aglomerados Morell, Surcolor y Acyco. De esta última destaca la codicia de Poto que percibió 318.455 euros en dietas a pesar de cobrar como prejubilada 276.505 de las arcas públicas.