Cámaras: al servicio de la empresa o de los políticos

Las Cámaras de Comercio se enfrentan, cuando cumplen 125 años, al cambio más significativo de su historia. Las Cámaras de Comercio han tenido una vida agitada entre lo público y lo privado. Nacieron mediante un Decreto-ley de la reina María Cristina en 1886. Desde entonces la naturaleza oficial ha condicionado su existencia.

Fueron concebidas como instrumento de modernidad para suplir la carencia de una estructura organizativa que representara los intereses empresariales. Detrás de su puesta en marcha, en una época de crisis económica y política, se percibe el intento de los poderes públicos para controlar lo que entonces se conocía como las "clases productoras".

El 3 de diciembre de 2010 el gobierno de Rodríguez Zapatero, a instancias de su ministro de Industria Miguel Sebastián, tomó la decisión de acabar con la pertenencia necesaria de las empresas a las Cámaras de Comercio y por tanto, con la obligatoriedad de pagar cuotas a estas instituciones. Esta forma de pertenencia y financiación prevalecía desde 1911, cuando se estableció para garantizar la estabilidad de las Cámaras en el ejercicio de sus funciones y de los servicios que tienen asignados.

Desde siempre, las Cámaras de Comercio han tenido encomendadas misiones que la Administración ha delegado en ellas por su proximidad al mundo empresarial. Casi todos los países del mundo tienen Cámaras de Comercio que, a su vez, conforman una red de representatividad empresarial a la que nadie querrá renunciar.

Las Cámaras de Comercio, una vez se ha puesto en entredicho quiénes son sus asociados y cómo se han de financiar, han entrado en una fase de refundación. El traspaso de competencias sobre las Cámaras a las Comunidades Autónomas ha evidenciado el contrasentido de que se financiaban a cargo de la Administración central y al mismo tiempo, eran controladas por las autonomías, allá donde tenían transmitida esta competencia.

Ese proceso que, en sus inicios, parecía un avance autonómico, ha terminado con el desmantelamiento del sistema por el que se regían las Cámaras y va a obligar a un replanteamiento que, previsiblemente, dará lugar a la existencia de instituciones camerales a diferente velocidad en la geografía ibérica.

Al mismo tiempo se ha iniciado un proceso de actualización y adelgazamiento de la estructura de las Cámaras, para adaptarse a los tiempos y cuya extensión cuenta con el beneplácito de las organizaciones empresariales de libre asociación. ¿Cuántas Cámaras subsistirán en la Comunidad Valenciana?

El objetivo es conseguir unas Cámaras de Comercio renovadas, con menos personal y adaptadas a la realidad del siglo XXI, es decir capaces de prestar los servicios que necesitan los intereses económicos y empresariales, evitando gastos innecesarios y dualidades ineficientes.

Hasta aquí el proceso teórico que se ha iniciado, muestra la lógica de una refundación consensuada entre intereses públicos y privados. Como objetivo ideal persigue la aceptación mayoritaria de las Cámaras y los servicios que prestan por los empresarios, que son sus destinatarios, ya que las empresas constituyen su base asociativa y su razón de ser.

La Generalitat Valenciana, de acuerdo con las competencias que tiene transferidas, decidirá cómo han de ser las Cámaras en su demarcación territorial. Empresarios y administraciones habrán de llegar a un consenso, porque las empresas son las que constituyen sus órganos de gobierno y las autonomías son su administración tutelante.

Las Cámaras de Comercio después de 125 años de existencia y con una historia apasionante, tienen ante sí el desafío de prestar los servicios que demanda el mundo empresarial, de acuerdo con los intereses generales de la economía. Hoy no se puede pensar que las empresas, pueden permanecer desligadas de los intereses de la sociedad, donde el empleo y la asistencia al estado de bienestar constituyen derechos y deberes de obligado cumplimiento.

Las Cámaras del siglo XXI vuelven a tener su misión replanteada, pero con la exigencia de una gestión moderna y eficiente, que perfilará su futuro entre lo público y lo privado.