Mato pide al Gobierno que cofinancie las residencias y los centros de día
La Xunta pide cambios en la ley de dependencia para repartir costes al 50%
Es la primera de esas “leyes socialistas que castigan a las autonomías y que han provocado su déficit”, y que ahora el presidente de la Xunta, Alberto Nüñez Feijóo, exige modificar al Gobierno amigo de Mariano Rajoy. La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, lleva hoy a Madrid a su encuentro con la ministra de Sanidad, Ana Mato, una propuesta de reforma legal que obligue al Gobierno central a cofinanciar el 50% de la ley de dependencia. El texto, que cuenta con el aval del presidente Feijóo, pide cambios para que el Ejecutivo pague por “servicio” y no por “grado de dependencia”. La modificación es relevante porque desde que entró en vigor la ley en 2007, el Estado paga una cantidad fija por grado de dependencia que no alcanza ni de lejos a cubrir la mitad de los costes de residencias y centros de día.
Por los casos más severos, los grandes dependientes nivel dos, el Estado abona 266,57 euros por persona, suficiente para pagar el 50% de una paga al familiar que lo cuida pero irrisoria a la hora de sufragar el coste plazas en residencias que cobran unos 2.000 euros mensuales por paciente a la Administración. En el siguiente escalón el ministerio abona 181,26 euros y así hasta los dependientes moderados por los que paga 60 euros.
El Estado paga un máximo de 266 euros por los casos más severos
La Consellería de Benestar desde la llegada de Mato se ha decantado por fomentar los ingresos en residencias, centros de día y la atención a domicilio en lugar de librar pagas a cuidadores en casa. Así consta en la orden aprobada el pasado 12 de enero que pide priorizar el servicio a los enfermos en lugar de pagar a un familiar. El hábito venía de mucho antes. Desde 2009 en que el PP llegó a la la Xunta ha reducido las pagas a cuidadores del 55% al 48,6%.
Y es ahí donde surge el deseguilibrio financiero. Una plaza de residencia cuesta a las arcas públicas unos 2.000 euros mensuales, 2.650 euros, en el caso de las personas con discapacidad y 1.145 euros, la atención a cada paciente con alzheimer, según los datos internos que maneja Benestar. Si el ministerio no da su brazo a torcer, en las cuentas actuales de 2012, el Estado solo abonará 94,7 millones de euros de los 361 millones que supondrá la atención a los dependientes gallegos.
Desde que entró en vigor la normativa estrella en política social del Gobierno de Zapatero, en Galicia se han invertido 1.611 millones y atendido a 55.530 personas, con un reparto desigual: la Xunta financió 1.152 millones, el 71,55% de los fondos y el ministerio solo 458,4 euros, el 28,4%. En la actualidad son 35.199 los perceptores de las ayudas, de los que el 62% están clasificados dentro del grado 3, el más severo, un 33,5, en el escalón intermedio, y solo el 4,5% en la dependencia más leve.
Cada plaza de residencia cuesta a la Administración 2.000 euros al mes
Tras la moratoria aprobada por el Gobierno de Rajoy, a este último grupo no podrá incorporarse a la prestación ningún beneficiaro nuevo hasta 2013 (la aplicación escalonada de la norma preveía que fuera este año), y solo recibirán la ayuda quienes ya la tengan reconocida. El cambio del Gobierno apenas afecta a Galicia, puesto que la Xunta ya estípuló en el decreto de principio de año que antepondrá, a la hora de conceder las ayudas, la gravedad de los casos a la antigüedad de las solicitudes.
Galicia encabeza una petición prácticamente unánime de todas las comunidades autónomas. La reivindicación de más fondos para dependencia al Gobierno central ha sido constante por parte de Feijóo en los últimos ejercicios. El presidente insiste estos días en recordar que el recorte del déficit de las autonomías pasan por modificar leyes estatales que han cargado el coste de su aplicación sobre las arcas de las comunidades.
Prioridad en los servicios para las gestantes en situación vulnerable
Las mujeres embarazadas que sean menores de edad, inmigrantes, estén estudiando o tengan algún tipo de discapacidad o incapacidad judicial tendrán acceso prioritario a servicios sanitarios, sociales, educativos, transportes o vivienda, entre otros. Es la puesta en marcha de la ley de apoyo a la mujer embaraza que aprobó la Xunta en 2010 a propuesta de grupos antiabortistas, que llegaron al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó que el plan integral que prepara su Gobierno pretende poner los recursos “para ser madre con libertad” en casos de “vulnerabilidad o riesgo de exclusión social”. “Es un engranaje de recursos”, definió.
Feijóo presentó como “una obligación” de los poderes públicos apoyar este tipo de planes que fomenten la natalidad, ya que la baja demografía de Galicia, a la cola del Estado, “es uno de los principales problemas”. El presidente, sin embargo, no supo decir qué presupuesto se dedicará a estas medidas, que tienen carácter transversal y afectarán a varios departamentos de su Gobierno. La red contará también con las “aportaciones de las entidades sociales que trabajan en la materia en Galicia”. La ley aprobada por el PP permite a la Xunta delegar parte de la labor con embarazadas a grupos provida como los adheridos a la Red Madre, que sostiene que el aborto “es un atentado contra la salud y la libertad de la mujer, es una terrible decisión que marcará trágicamente el resto de su vida”.
El plan contempla 49 nuevas medidas repartidas en ocho áreas: igualdad, sanidad, educación, vivienda, transportes, emigración, trabajo y bienestar. El presidente de la Xunta desgranó alguna de las medidas tras la reunión del Consello que ayer aprobó el plan, entre ellas que los ayuntamientos y otras instituciones públicas tendrán preferencia a la hora de comprar o alquilar locales propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo para poner guarderías en funcionamiento. Además, las mujeres embarazadas menores de edad podrán flexibilizar su periodo de escolarización, y la Consellería de Benestar reservará plazas en sus residencias juveniles para mujeres gestantes que estén estudiando y sus parejas.
Las embarazadas con discapacidad tendrán preferencia en las ayudas a la promoción de la autonomía personal, así como para acceder a las ayudas de mujeres emprendedoras cuando se produzca una interrupción laboral a causa de las dificultades de compaginar la vida familiar y profesional.
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