Los municipios endeudados no podrán iniciar obras con ayudas de la Generalitat

La Generalitat quiere atar corto a los Ayuntamientos sobreendeudados. El Gobierno catalán ha anunciado que los municipios que no tengan las cuentas saneadas y que arrastren un nivel de endeudamiento superior al 75% -el máximo marcado por ley- no podrán acceder a las subvenciones del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat  (PUOSC) para financiar nuevas obras.

La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, que ha defendido hoy los presupuestos del Departamento de Gobernación en el Parlament, también ha anunciado que pagará antes de final de mes los 69 millones que esta área debe al mundo local en concepto principalmente de pagos pendientes del PUOSC de años anteriores. Concretamente, se trata de obras y construcciones iniciadas o acabadas que los Ayuntamientos pagan por avanzado, esperando la subvención posterior de la Generalitat, que este año se ha atrasado por los problemas de liquidez que arrastra la Administración autonómica.

El Departamento de Gobernación prepara una reforma del PUOSC, que cuenta con una dotación de 575 millones para el periodo 2008-2012), de cara a la nueva convocatoria 2013-2016. La principal novedad es limitar el acceso a estas prestaciones a aquellos municipios con un nivel alto de endeudamiento, precisamente para evitar que este estrangulamiento de las finanzas locales crezca todavía más.

La nueva convocatoria del PUOSC también preverá la posibilidad de que la mitad de la subvención se pueda destinar al mantenimiento de los edificios ya construidos. Desde Gobernación han aclarado que ello no incluye gastos como el agua, luz y calefacción, ni tampoco las nóminas del personal. De hecho, muchos problemas que tienen los Ayuntamientos más endeudados es haber proyectado equipamientos (polideportivos, teatros, etcétera) que después no pueden mantener.

El nuevo PUOSC también servirá como instrumento de crédito, ya que permitirá a los Ayuntamientos destinar parte de esta subvención para pagar deudas pasadas referentes a obras que arrastren los municipios. Durante este año se elaborarán las bases para la nueva convocatoria de este programa, en el que se detallará las cantidades límite que se podrán destinar a ponerse al día con los pagos.

Los 69 millones que se pagarán antes del 31 de enero forman parte del total de 753 millones que la Generalitat debe a los municipios, en concepto de mantenimiento de guarderías, gestión del agua, etcétera. La deuda local se ha inflado en los últimos meses debido a los problemas de tesorería de la Generalitat. Las entidades municipalistas no han cesado desde entonces de reclamar al Gobierno “lealtad institucional” y que salde sus deudas, de la misma forma en que la administración autonómica lo reclama insistentemente al Estado. La Generalitat no se ha querido comprometer hasta ahora a elaborar un calendario de pago para no crear expectativas en el ámbito local que después tuviera que incumplir. La semana pasada, el Gobierno confió en poder acceder a una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder hacer frente al pago de esta deuda.

Más dinero a la religión

El Presupuesto de Gobernación prevé recortes en casi todos los ámbitos, excepto en la partida destinada a asuntos religioso, que aumenta un 4% hasta los dos millones. Ortega anunció nuevas ayudas a los municipios destinados a “la gestión de la diversidad religiosa”. ERC pidió explicaciones sobre este aumento presupuestario, pero no obtuvo respuesta de la vicepresidenta.

La oposición también puso sobre la mesa otras polémicas que baraja el Departamento. ICV reprochó a Ortega que haya tenido casi paralizado el Memorial Democrático, un ente que el PP pide suprimir. Desde Ciutadans reclaramon una reforma “seria” de la administración, que pase por la disminución del número de municipios y por la supresión de los consejos comarcales.

Ayer acabaron las comisiones departamentales, iniciadas el lunes, en que la alianza CiU y PP ha permitido dar luz verde a los Presupuestos.