La secesión de los ricos
"La concentración de riqueza se ha estado produciendo en las sociedades democráticas y con un proyecto de Estado de bienestar"
Los ricos son cada vez más ricos. Esto no es ninguna novedad. Como decía san Vicente Ferrer (seguramente con mayor conocimiento de causa que cualquier agencia de rating), la avaricia va i vé, però mai es deté. La novedad es que la concentración de riqueza se ha estado produciendo en las sociedades democráticas y con un proyecto de Estado de bienestar.
Aunque la información no abunde —y la opacidad es una astucia de los verdaderamente ricos: ocultar su identidad, el volumen real de su fortuna y eludir la luz pública—, los datos son irrefutables: el periodo de crecimiento económico registrado desde mediados de los años noventa no se tradujo en una mejora de las rentas del empleo. Muy al contrario: la desigualdad salarial apenas cambió y los activos se concentraron en manos de los hogares más pudientes.
En concreto, más del 78% del valor de las propiedades inmobiliarias diferentes a la vivienda principal, casi un 88% del valor de los negocios por cuenta propia y más del 92% del valor de las acciones, está en manos del 20% de los hogares más ricos. El 5% más rico tiene el 31% de la riqueza, el 22% de las viviendas, el 57% de la riqueza financiera y el 22% de la renta. Son datos publicados en 2008 por el VI Informe FOESSA sobre la exclusión y el desarrollo social en España.
Este crecimiento (y sus consecuencias) vino en volandas de una ideología neoliberal que promovía la desregularización y la liberalización. Y lo hacía con una promesa: la riqueza generada, como la lluvia fina, acabaría empapando a todo el mundo. Era cuestión de esperar un poco. Pues bien, lo que el 99% sabemos hoy es que lo que ha llegado es un vendaval que arrasa nuestras condiciones de vida y las de nuestros hijos, que lastra el futuro de esta sociedad, y que, por si fuera poco, nos obliga a pagar los platos rotos.
El segundo mito sostiene que hay que tratar con indulgencia a las grandes fortunas, porque las riquezas por ellas generadas no solo son legítimas, sino que revertirán en la economía productiva y esta inversión redundará en el bienestar general. Por ello, seguramente, durante este periodo se eliminaron tipos impositivos, la economía sumergida se multiplicó por cuatro y el gasto social fue a la baja. No había que molestarles, no fuera caso que abandonaran el país, buscando los refugios que ofrece una economía globalizada. La experiencia ha mostrado que, como los cuervos, han cogido los granos del sembrado (léase economía productiva) para colocarlos en inversiones especulativas y en paraísos fiscales. Los técnicos del Ministerio de Hacienda vienen mostrando en sus rigurosos informes que la economía sumergida se sitúa en torno al 23% del PIB; y que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010. La impunidad consolida los comportamientos defraudatorios.
¿Qué paisaje moral ha quedado después de todo? Esta es una cuestión crucial, ya que una sociedad también consiste en un entramado —frágil— de compromisos, contratos y consensos morales, como la “confianza”. Pues bien, los medios de comunicación muestran cada día los humores que desprende el campo de batalla: avaricia sin mesura, fascinación por el dinero fácil y rechazo a todo impuesto. El objetivo de acumulación sin límites ha tenido dos efectos: la secesión moral de los ricos (no tienen ninguna deuda social, ninguna obligación, ninguna responsabilidad personal, todo se lo deben a sí mismos) y la complicidad (a veces, indignada) de quien les idolatra.
La tarea económica es titánica, la política, gigantesca, pero la regeneración moral no es menos acuciante. Algunos (muy pocos, es verdad) de los que componen ese 0,1% de grandes ricos en EE UU o en Francia han dicho que quieren contribuir a buscar salidas. ¿Por qué no cunde el ejemplo por estas tierras? Quienes padecemos los recortes, no curaremos nuestras heridas, pero podríamos consolarnos al menos pensando que no utilizan esta crisis para ir aún más lejos: para desmantelar el Estado de bienestar.
Antonio Ariño es catedrático de Sociología de la Universitat de València.
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