Las constructoras de la balsa de Aznalcóllar tampoco pagan por el vertido

La salida del laberinto judicial del desastre de Aznalcóllar se complica todavía más. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la filial española de Boliden, Boliden Apirsa, contra las constructoras (y sus aseguradoras) encargadas de la construcción y recrecimiento de la balsa, cuya rotura desencadenó en abril de 1998 el desastre del vertido tóxico de Aznalcóllar. Boliden era la propietaria de la presa, pero entendía que las empresas ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, que se encargaron del proyecto para recrecer la balsa de residuos, eran las responsables de la rotura. La sueca Boliden reclamaba a estas empresas 115 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios. Además, pedía que se hicieran cargo de las cantidades exigidas por la Junta de Andalucía (89,9 millones) y el Gobierno central (43,7) por el daño medioambiental causado en la zona. Con lo que, en total, Boliden les reclamaba 248,6 millones de euros.

El Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid rechazó en noviembre de 2006 esta pretensión de Boliden al no apreciar responsabilidad alguna en las empresas constructoras. La Audiencia Provincial de Madrid, en septiembre de 2009, confirmó en segunda instancia esa sentencia. Y ahora es el Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 11 de enero, el que vuelve a rechazar el recurso de Boliden y le condena a pagar las costas.

Para defender sus tesis, los abogados de Boliden esgrimieron que en la vía penal sus empleados y directivos habían sido exculpados, con lo que se debe derivar una responsabilidad por “incumplimiento contractual” de las constructoras de la balsa. El Supremo rechaza esta argumentación al entender que no existe “un efecto vinculante” del auto de archivo de las diligencias previas en la vía penal con la decisión que luego tomó el juez de lo civil en 2006. Además, según el Alto Tribunal, “el auto de archivo de las diligencias previas (…) tampoco declara lo que la recurrente le atribuye, pues se remite un informe de los peritos para descartar, como idea fundamental del mismo, que toda actuación sobre la presa se atuvo a la práctica habitual o convencional”.

Esta vía cerrada ahora por el Supremo es un nuevo capítulo en esta catástrofe impune, por la que nadie ha pagado casi 14 años después. Nadie, excepto la Junta y el Gobierno, que se han gastado alrededor de 240 millones de dinero público en la restauración ambiental de la zona.

La primera vía que se abrió, y cerró sin culpables, fue la penal. Tras producirse el vertido, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) abrió una investigación en la que estuvieron imputados 26 técnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas constructoras. Pero el juzgado archivó el caso a finales de 2000 y cerró esa vía.

La Junta intentó entonces reclamar por la vía civil el coste de la retirada de los lodos y la restauración. Pero la justicia entendió que tampoco ese era el camino y en 2003 se indicó que la vía adecuada era la administrativa. Por eso, el Gobierno regional abrió en 2004 un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones. La compañía llevó ese expediente a al Supremo, que a finales del año pasado, anuló esa decisión de la Junta al entender que la vía administrativa tampoco es el camino. La Junta ha planteado ahora ante el Supremo un “conflicto negativo de jurisdicción” para que le indique qué vía se tiene que seguir para obligar a Boliden a asumir el coste del daño medioambiental provocado por la rotura de la balsa.

Por su parte, el Gobierno central también ha intentado ejecutar la sanción de 43,7 millones que le impuso a la compañía, confirmada por el Supremo en 2005. Pero la multinacional declaró en quiebra a la filial de la que dependía la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar también esta sanciones.