Dos colectivos protestan en Alicante por los impagos del Consell y los recortes

Las movilizaciones y protestas sociales de diferente índole se han sucedido durante toda la mañana en Alicante. Medio centenar de representantes de asociaciones de vecinos han acudido al registro del Ayuntamiento para entregar más de 7.000 firmas contra el incremento del billete del autobús urbano en Alicante. El próximo viernes el pleno del Ayuntamiento debatirá, y aprobará, las nuevas tarifas.

María Eva Coloma, presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio, critica que la alcaldesa, Sonia Castedo, "no consulte a los afectados, ni nos ha llamado", se queja, y recuerda que los incrementos son generalizados, y no solo afecta al Bono Oro, de jubilados y pensionistas, que disfrutaban de 90 viajes gratuitos y ahora solo tendrán 12. José María Hernández denuncia "la falta de respeto" del PP hacia un colectivo tan sensible como el de los pensionistas que no tiene otro medio de transporte que el autobús urbano. "Hay un agravio comparativo, Valencia y Elche mantienen los descuentos para los pensionistas y aquí nos suben a todos", se queja.

Una hora antes, los delegados sindicales de CC OO y CGT en La Alcoyana, empresa de transportes que presta servicio en el área metropolitana de Alicante, se concentraban ante las oficinas del TAM (Transporte Alicante Metropolitano) para denunciar que la empresa Subús adeuda a cada uno de ellos unos 2.000 euros, en concepto de compromisos adquiridos hace años para homologarse con los conductores de Subus. "El jefe dice que como la Generalitat ha dejado de pagarle la subvención no puede cumplir con lo acordado", denuncia Juan Manuel Fernández, de CC OO. Los conductores afectados son 180.

Despidos

La tercera protesta laboral de la mañana se ha vivido en las puertas del rectorado de la Universidad de Alicante contra el despido "fulminante" de dos trabajadores del servicio de limpieza acusados por la empresa de "robar". Los despidos se produjeron por "una acusación de robo, sin fundamentos, por parte de la directora de Seguridad y con el apoyo del rector", según un comunicado de CC OO. Los empleados de la empresa, del Grupo Ortiz e Hijos, secundarán una huelga indefinida a partir del 1 de febrero si no readmiten a los empleados. La diputada de Esquerra Unida en Las Cortes se ha reunido con los afectados por los despidos y los trabajadores y la exigido "la re admisión inmediata de estos trabajadores y que el rectorado actúe ante esta injusticia",  ha señalado la diputada.