Veredicto para un ‘muerto’ político

Las 26 extenuantes jornadas del juicio por cohecho contra Francisco Camps y Ricardo Costa han sido una recreación, a escala, de los tres años de proceso. Las acusaciones han aportado un abrumador número de pruebas: documentos, testigos directos de los hechos, y conversaciones entre los supuestos regaladores —la trama Gürtel— y los agasajados —el expresidente de la Generalitat y el ex secretario general del PP valenciano—. Las defensas han presentado algunos elementos de descargo y, sobre todo, han sometido a fuego graneado cada prueba e indicio aportados por las acusaciones.

La decisión sobre el futuro, también el político, de Camps está en manos de nueve personas, los miembros del jurado, que desde hoy deberán buscar un veredicto, que sigue siendo un enigma.

Camps, un muerto político con apoyos

“Está muerto, está muerto”, captó una cámara de boca de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aquel 20 de julio, el día en que Camps presentó su dimisión como presidente de la Generalitat. Su criticada estrategia para afrontar su implicación en el caso Gürtel y la situación en la que dejó la Administración autonómica han socavado, aún más, su figura. Su vuelta a la primera línea, con condena o sin ella, se antoja imposible tras pasar por la trituradora del juicio. Sin embargo, Camps sigue contando con el apoyo de la alcaldesa Barberá y del presidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus, pivotes del PP de Valencia y desairados por el nuevo líder regional, Alberto Fabra. Dentro del PP son muchos los que, en privado, confían en que la condena desarme cualquier intento de recuperación política. Y otros tantos quienes piensan que su absolución provocaría un alud de pretensiones de redención que abundaría en una incontrolable crisis dentro del PP valenciano, solo salvable con la intervención de Mariano Rajoy.

El rastro del delito

La causa está repleta de documentos con los nombres de Francisco Camps y Ricardo Costa junto a prendas e importes. Sus defensas se han concentrado en sembrar dudas. Sobre los inventarios de Milano, una de las tiendas de las que, presuntamente, salieron las prendas, sostienen que no está claro si figura el nombre de Camps o Campos. Y en los tiques de la otra tienda, Forever Young, en los que se habla de "Nuevo Cliente Camps", dicen que podrían hacer referencia a otro comprador. El letrado de la acusación popular, Virgilio Latorre, martilleó esas dudas en su informe final con una retahíla de vídeos de los testimonios de los testigos. Entre ellos, el de la cajera que escribió el inventario, y que afirmó que pone Camps, y el de cinco empleados que confirmaron que "Nuevo Cliente Camps" es, indiscutiblemente, Francisco Camps, porque no se hicieron prendas a medida para otro cliente con ese apellido. El dueño de la tienda y aliado del expresidente en el proceso, Eduardo Hinojosa, no ha logrado encontrar en tres años a un hipotético cliente alternativo.

El PP de la provincia en la que viven los jurados ha apoyado al expresidente

Posible encubrimiento

El caso de Forever Young ha sido un puntal en la estrategia de la defensa. La realidad es que faltan documentos del establecimiento que deberían respaldar los que sí constan (un abundante rastro de prendas que la sastrería Sastgor hizo a nombre de Camps y Costa y que luego cobró de la tienda). Las acusaciones han demostrado que el propietario del establecimiento, Hinojosa, fue renuente a la hora de aportar los documentos. El tribunal se los requirió hasta ocho veces y en varios casos no llegó a aportarlos. Las acusaciones también han presentado a un testigo, el informático Francisco Ferre, que, apoyándose en pruebas, declaró que recibió órdenes para alterar las bases de datos de la tienda para encubrir las prendas de Camps y fabricar tiques en los que en vez del nombre del expresidente apareciera el de su “amiguito del alma”, Álvaro Pérez El Bigotes.

Las contradicciones de José Tomás

Las defensas han aprovechado que el sastre cambió su versión de los hechos tras ser despedido por Hinojosa. El letrado de Camps ha extraído de ello que Tomás sintió “animadversión” hacia Camps (sin razonar el motivo) y que pactó la retirada de su imputación (sin acreditarlo) a cambio de declarar contra él. Las acusaciones consideran que, en un momento dado, el sastre tuvo que elegir y optó por “contar la verdad”.

La ausencia de la secretaria de Costa

El gran argumento del diputado del PP es que su secretaria llamó para preguntar por el precio del primer traje que se hizo, lo que parece confirmado. Costa dijo que le autorizó para sacar dinero de su cuenta y que él se lo dio a El Bigotes para que pagase en Madrid, aunque esto no está acreditado. Su secretaria tampoco ha confirmado la versión en el juicio porque no ha sido llamada como testigo.

Podían cometer cohecho

Las defensas insisten en que, al no tener capacidad directa de contratación, los acusados no pudieron cometer el delito. Ese fue el argumento para que el “más que amigo” de Camps, Juan Luis de la Rúa, archivara el caso en 2009. El Tribunal Supremo lo reabrió en 2010 alegando que sí podían cometerlo, ya que son considerados “autoridad”, condición que requiere este tipo de delito. Por eso llevan cinco semanas sentados en el banquillo.