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EL CASO DE LOS ERE

La Junta pide a 56 intrusos que devuelvan los 2,8 millones cobrados

Los falsos prejubilados no trabajaron en las empresas subvencionadas por Empleo

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso Mercasevilla, a la salida del edificio de los juzgados de Sevilla. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso Mercasevilla, a la salida del edificio de los juzgados de Sevilla.

Ahora toca devolver el dinero de todos que algunos cobraron sin el más mínimo esfuerzo. La Junta ha iniciado los expedientes de reintegro para que 56 intrusos restituyan a las arcas públicas los 2,8 millones que percibieron en forma de pólizas, pese a que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas por los ERE que pagó la Consejería de Empleo. Las labores del grupo de funcionarios que la Junta puso a escudriñar los abonos para identificar los intrusos entre las 6.000 pólizas que el Ejecutivo abona, han avanzado lentamente desde que comenzaron hace 11 meses, pero ya empieza a verse algo de luz al final del túnel.

 Es un pequeño paso que en muchos casos será simbólico, porque los intrusos ignorarán el proceso administrativo abierto y acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativo. Pero al menos la Junta pelea porque estos beneficiados devuelvan el dinero cobrado de manera fraudulenta. El procedimiento administrativo se tramita en paralelo a la instrucción penal que dirige la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, algunos de estos intrusos vinculados al PSOE por militancia, amigos del ex director general de Trabajo Javier Guerrero o sencillamente vecinos de El Pedroso o la Sierra Norte sevillana, darán el paso y devolverán sus cobros. Arrepentidos o no, el ejemplo del exalcalde socialista Rafael Rosendo, que consignó 112.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado, demuestra a priori que la salida más astuta para evitar la cárcel a toda costa es devolver lo cobrado. La salida es el artículo 308 del Código Penal, que dejaría exentos a los intrusos de responsabilidad penal tras reintegrar el dinero.

La salida es el artículo 308 del Código Penal, que dejaría exentos a los intrusos tras reintegrar el dinero

El inicio de los expedientes de reintegro llega después de que durante los últimos meses el Ejecutivo escuchara las alegaciones de estos instrusos, que el consejero de Empleo, Manuel Recio, estimó habían usurpado junto a otros 16 intrusos y otros 111 casos de irregularidades administrativas, unos 10 millones a las arcas públicas. Es sencillo adivinar que la inmensa mayoría de estos 56 intrusos ignorarán la petición de Empleo, bien porque se hayan gastado el dinero como ya han reconocido muchos, o bien porque sus abogados plantearán batalla ante la Administración, sobre todo después de que la juez les haya impuesto fianzas por valor de 4,8 millones a los primeros 16 que declararon ante la magistrada. Además, algunos letrados opinan que el plazo para el reintegro de las ayudas públicas prescribe a los cuatro años.

Las peticiones de varios abogados de intrusos a la Junta para que cesara en su empeño de avanzar en el procedimiento administrativo, dado que existe otro procedimiento penal abierto, según el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública, cayeron en saco roto. De manera preventiva, la Junta había puesto un cortafuegos al dejar de pagar a los intrusos identificados el pasado 25 de febrero de 2011. Desde entonces, fuentes del Gobierno andaluz justifican la tardanza en reclamar el dinero por las garantías jurídicas que merece un proceso administrativo tan alambicado: “La recuperación de cantidades indebidamente percibidas requiere de un complejo proceso administrativo que ha de contar con todas las garantías jurídicas (…) Será un proceso largo y complejo”.

La Junta inició su proceso administrativo hace unos 14 meses, cuando el 17 de noviembre de 2010 Empleo abrió un procedimiento de información reservada con el nombramiento de instructor y secretario para investigar el expediente de la empresa pública Mercasevilla. En el ERE de esta sociedad se había identificado el primer intruso, el militante socialista Antonio Garrido Santoyo, que posteriormente desencadenaría el inicio del caso de los ERE.

la Junta ha iniciado la revisión de todas las ayudas directas a empresas que entregó Empleo de manera arbitraria durante una década

En paralelo al procedimiento administrativo contra los cobros ilegales de los intrusos, la Junta ha iniciado la revisión de todas las millonarias ayudas directas a empresas que entregó Empleo de manera arbitraria durante una década. Esto supone un largo camino que pondrá en cuestión la política de ayudas concedidas por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Más de 200 empresas percibieron estas subvenciones directas que en muchos casos carecieron de un seguimiento por parte de la Administración y el dinero se invirtió en propósitos muy alejados de la creación de empleo y generar dinamismo empresarial.

De este modo, la Junta examinará la letra pequeña de cada expediente. “Esto conllevará también el trámite de audiencia a los interesados y concluirá con la determinación de las que sean nulas por no respetar el procedimiento administrativo”, añaden las mismas fuentes. En caso de demostrarse que la ayuda fue irregular, se iniciará el consiguiente expediente de reintegro y remitirá al juzgado las que presenten indicios de delito.

Entre estas ayudas el Gobierno andaluz ha incluido las tres subvenciones que cobraron Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y su exsocio Isidoro Ruz, por 1,3 millones, para que sean devueltas a las arcas públicas.

 

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