La Junta acusa al Gobierno de transmitir falsedades sobre su solvencia

El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a cuenta del estado financiero y el pago de las deudas de la administración andaluza ha subido hoy de tono con declaraciones cruzadas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el presidente autonómico, José Antonio Griñán.

Las palabras pronunciadas tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la “preocupación” del Gobierno por las noticias sobre una hipotética suspensión de pagos por parte de la Junta de Andalucía ya fueron respondidas ayer por Griñán, que anunció que enviará al Gobierno una carta de protesta y las atribuyó a intereses electorales del PP.

A primera hora de esta mañana, la Consejería de Hacienda ha emitido un comunicado en el que asegura que materializa “puntualmente el pago del servicio de la deuda a vencimiento” y garantiza sus compromisos futuros, además de pedir al Gobierno central “lealtad y rigor” en sus apreciaciones sobre la solvencia de las cuentas públicas.

Aunque la Consejería reconoce que los periodos medios de pago a los proveedores se han incrementado en todas las comunidades “como consecuencia de la dificultad para captar recursos financieros por la situación en la que se encuentran los mercados”, indica que Andalucía dispone de “una buena situación tesorera para ir acomodando progresivamente el pago de sus obligaciones”.

Además, la Junta insta al Gobierno central a que sea “diligente” a la hora de cumplir los acuerdos suscritos por las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para facilitar liquidez y a que comunique los ingresos que va a recibir Andalucía en 2012 y los recortes que se van a aplicar a los programas financiados por los Presupuestos Generales del Estado.

Además, la Junta insta al Gobierno central a que sea “diligente” a la hora de cumplir los acuerdos suscritos por las comunidades

Poco después, tras reunirse con exportadores agrícolas en Sevilla, José Antonio Griñán ha vuelto a acusar al Gobierno central de “mentir” sobre la situación financiera del Ejecutivo andaluz para “crear una sensación de catástrofe” y aprovecharla con fines electorales.

Griñán ha asegurado que es “constatable” que la deuda andaluza es menor que la de la mayoría de las comunidades y ha recordado que Andalucía “no ha pedido un euro ni un aval” al Gobierno, mientras que hay otras autonomías “a las que ha tenido que socorrer”.

En esos datos sobre la solvencia económica andaluza se constata, según Griñán, que la deuda por habitante en Andalucía es de 1.700 euros, la de Valencia, con un gobierno del PP, de 4.000, y la de Cataluña supera los 6.000 euros por habitante.

“Ganar o perder las elecciones tiene la importancia que tiene, pero defender el prestigio de Andalucía es mucho más importante”, ha dicho el presidente andaluz, que ha expresado su temor de que el PP vuelva a la confrontación de 1996 entre la Junta y el Gobierno de José María Aznar.

Las afirmaciones de Sáenz de Santamaría son para Griñán “irresponsables y falsas” y se deben “a una operación contra Andalucía orquestada únicamente con motivos electorales”, con vistas a los comicios autonómicos del 25 de marzo

Casi al mismo tiempo, en un acto del PP andaluz en Sevilla, el ministro de Hacienda pedía a la Junta de Andalucía que “ponga la casa en orden” respecto a su estado financiero y que “no saque pecho” ni "levante la voz" porque hay proveedores con los que mantiene una deuda desde hace años.

Montoro ha dicho que la política es "reconocer la verdad" y que, después de ese reconocimiento, la Junta y el Gobierno podrán trabajar juntos para "clarificar las cosas" y hacer frente a los impagos, labor en la que ha dicho que Andalucía contará con la "lealtad" del ejecutivo español.

Ha recordado que detrás de los aplazamientos a proveedores hay un tejido empresarial que ahora no puede refinanciar esa deuda con créditos bancarios, lo que "está ahogando a la economía de nuestro país".

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, por su parte, ha considerado un "esperpento" que la Junta envíe una carta de protesta y ha afirmado que esa carta al Gobierno se produce desde el Ejecutivo "del fraude de los ERE", bajo cuyo mandato se ha producido un "robo sin precedentes" con el dinero de los parados.