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Mas-Colell pospone denunciar al Gobierno hasta reunirse con Montoro

El consejero pedirá los 759 millones de euros antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Andreu Mas-Colell, consejero de Economía.
Andreu Mas-Colell, consejero de Economía. JOAN SÁNCHEZ

En paralelo con el proceso de aprobación de los presupuestos, la Generalitat continúa con las conversaciones con el Gobierno central para solucionar las cuentas pendientes entre ambas Administraciones. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, mantendrá hoy la primera reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con quien ya ha intercambiado varias llamadas telefónicas. El encuentro se producirá antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que Montoro deberá detallar a las comunidades la letra pequeña de la próxima Ley de Estabilidad Presupuestaria, en especial las sanciones que prevé imponer a las autonomías que sobrepasen los objetivos de déficit y los techos de gasto presupuestario.

Según fuentes del Ejecutivo catalán, el principal asunto de la agenda de Mas-Colell para la reunión previa es, no obstante, el cobro de los 759 millones correspondientes a la disposición adicional tercera que no abonó el anterior Ejecutivo socialista y atar la llegada de los recursos para este año. El Gobierno catalán debe decidir esta semana si sigue adelante con la denuncia ante el Tribunal Contencioso-administrativo por el impago de esa cantidad, por lo que la decisión de Montoro puede apaciguar o atizar el conflicto.

Pero esa no es la única reclamación del consejero, que también exigirá un sistema de avales transparente y sistemático para las emisiones de deuda que reduzca el diferencial entre la deuda soberana del Estado y la autonómica. Fuentes del Ejecutivo catalán consideran que la petición debería ser asumible para el Gobierno de Rajoy, en especial tras el rescate de la Comunidad Valenciana. Mas-Colell también planteará que el Ejecutivo central respete las reformas que decidan emprender las comunidades. Tras esta exigencia están, por ejemplo, el copago farmacéutico, que el anterior Gobierno calificó de anticonstitucional, y la tasa turística, criticada por el titular de Industria, José Manuel Soria.

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