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Archivada la querella de una clínica contra dos altos cargos de Sanidad

Un centro médico que practica abortos se había querellado contra Fernando Rodríguez y Manuel Molina por prevaricación El propietario argumentaba que se le denegaba la licencia de funcionamiento por "cuestiones ideológicas"

El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha decretado el archivo de la causa que planteó en marzo de 2010 el propietario de una clínica de Collado Villalba en la que se querellaba contra varios altos cargos de la Consejería de Sanidad por prevaricación y denuncia falsa. El auto del juzgado, del 10 de enero y facilitado por la Consejería, no da la razón al propietario de la clínica Anacaona, que pretendía abrir una consulta de ginecología y un centro de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de bajo riesgo.

José Morffiz, médico general, lleva cuatro años tratando de conseguir la licencia de funcionamiento que le permita abrir su clínica. Hace cerca de un año, cuando inició el proceso judicial, aseguró a EL PAÍS que estaba convencido de que se le denegaba el permiso por "cuestiones ideológicas". El médico asegura que a media tramitación, y cuando él ya se había gastado 800.000 euros en acondicionar la clínica con todas las mejoras que le había solicitado Sanidad, el Servicio de Autorización le exigió un requerimiento nuevo, que hasta entonces nunca había mencionado. Le pedía cumplir una norma regional que exige tener un quirófano de superficie superior al suyo, pese a que los planos con el diseño sí habían sido autorizados previamente por la licencia de instalación.

La querella por prevaricación iba dirigida contra Manuel Molina Muñoz, entonces director general de Ordenación e Inspección y candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada, y Fernando Rodríguez Grau, responsable del Servicio de Autorización y Acreditación Sanitaria. El propietario de la clínica argumentaba que ambos le "mantuvieron en un estado de desconocimiento e incertidumbre con el fin de denegarle su derecho a la autorización de funcionamiento, a sabiendas de la injusticia que suponía el posterior requerimiento", según constaba en el escrito presentado en el juzgado, y que fue aceptado a trámite.

La querella por un presunto delito de falsedad documental se dirigía contra tres inspectores que, tras levantar acta de la visita al centro el día 6 de mayo de 2009, elaboraron un informe dos días después en el que incluyeron un dato nuevo: el incumplimiento de un requisito sobre la superficie que debía tener el quirófano. Morffiz nunca fue informado ni tuvo acceso a ese informe hasta mucho después, aseguraba el texto de la querella.

"En contra de lo manifestado por la querellante, los documentos mencionados no contienen ninguna falsedad", asegura el auto judicial. Sobre la acusación de prevaricación, el juez asegura que la decisión de negar el permiso de apertura se adoptó "sobre toda una serie de informes técnicos y una propuesta de resolución denegatoria del Subdirector General de Autorización y Acreditación".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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