Condenado el Sermas al pago de 15.000 por la muerte de una paciente
El TSJM entiende que no se le practicaron todas las pruebas necesarias en el Gregorio Marañón
![F. J. B.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0cf5fb59-eab8-46c8-bcca-f112a1a7846c.png?auth=a4a5a56abc078449e8165721b2b449479e5bd0384d1cd2f70900262c80af7937&width=100&height=100&smart=true)
El Servicio Madrileño de Salud (Sermas, dependiente de la Consejería de Sanidad) tendrá que pagar 15.000 euros a los familiares de una paciente de 64 años que murió al no haberle practicado las pruebas necesarias para detectar la enfermedad que padecía. La sección 10ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a los médicos porque vulneraron las prácticas médicas, según ha informado esta mañana la asociación El Defensor del Paciente.
La paciente, M. R. E., acudió a las urgencias del hospital Gregorio Marañón el 25 de marzo de 2008 ya que sufría un fuerte dolor abdominal, junto con náuseas, palidez y presíncope de segundos de duración. En el servicio de urgencias le hicieron un análisis de sangre, radiografía de tórax y un electrocardiograma. Le diagnosticaron neumonía, debut diabético tipo II, acidosis metabólica y anemia. La trasladaron a la unida de corta estancia y la dieron el alta el 28 de marzo.
Al día siguiente, la mujer se desmayó en su casa. Acudió una UVI móvil y solo la diagnosticaron una bajada de tensión. El 31 de marzo, tras acudir a su centro de salud y comprobar que tenía los niveles de azúcar normales, los familiares llamaron de nuevo a una UVI móvil ante los fuertes dolores que padecía. La ambulancia tardó 45 minutos en llegar y la enferma entró en parada cardiorrespiratoria y falleció. La autopsia reveló que la mujer sufría una hemorragia retroperitoneal.
La analítica de la mujer ya presentaba un descenso importante de la hemoglobina, de los hematocritos y de las plaquetas, lo que podría inducir que había una hemorragia interna. Los jueces consideran que una simple radiografía podría haber evitado la muerte. El viudo y los tres hijos cobrarán los 15.000 euros, una cantidad muy baja para la asociación el Defensor del Paciente, que acusa a los magistrados de poner “muy barata” la muerte de una persona.
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