La fiscalía pide la máxima pena por las muertes de la tragedia de Sant Boi

La Fiscalía de Barcelona ha pedido la máxima pena por homicidio imprudente —cuatro años de cárcel— para los presuntos responsables del accidente del túnel de bateo de Sant Boi (Baix Llobregat) que en enero de 2009 acabó con la vida de cuatro niños. La fiscal especial de siniestralidad laboral Raquel Amado ha solicitado al juez que aplique la pena más alta de las que prevé el Código Penal por ese delito. Los imputados son dos técnicos municipales, Carmen Ruiz y Daniel Cao, y el dueño de la constructora, José María García Martos.

 Los imputados también afrontan penas de cárcel por los delitos de lesiones, ya que en el siniestro resultaron heridos nueve menores. Las familias de los cuatro niños fallecidos y de los nueve heridos por el derrumbe reclaman, en su escrito de acusación, un total de 14 años y medio de cárcel para los técnicos y el constructor, una pena que suma los homicidios y las lesiones. La acusación particular, que ejerce el abogado José María Fuster-Fabra, pide además una indemnización que alcanza los 657.000 euros para los padres y hermanos de las víctimas.

El derrumbe se produjo el 24 de enero de 2009 a las 11.30 horas, cuando, por el mal tiempo y las fuertes rachas de viento, la cubierta del recinto se arrancó de su soporte y originó la caída de las paredes que servían de cierre y soporte estructural. Según los informes periciales, hubo varias irregularidades en el proyecto y la ejecución del túnel de bateo. El juez instructor concluyó que la instalación “no reunía las condiciones precisas y necesarias de solidez y seguridad”.

La estructura “cedió” a la acción del viento, que aquel día azotó con dureza a Cataluña, con rachas de más de 120 kilómetros por hora. Además de provocar la muerte de cuatro menores, el temporal dejó a miles de familias sin luz y afectó al transporte por carretera y ferrocarril.