El juez Eloy Velasco multa al diputado de ICV Salvador Milà por no declarar

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el acoso a diputados del Parlament de Cataluña, ha multado con 200 euros al diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) Salvador Milà por no acudir a declarar como testigo y amenaza con detenerlo si no comparece ante él el próximo 23 de diciembre.

En una providencia, Velasco ha impuesto una multa al diputado por no asistir a la comparecencia del pasado miércoles, cuando se desplazó a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para tomar declaración a 10 diputados testigos del bloqueo al Parlament del pasado 15 de junio en una protesta de indignados.

Velasco ha impuesto esa sanción al diputado por no acudir a la citación ni manifestar "causa justa que le impidiera su asistencia" y le insta a presentarse en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid el próximo 23 de diciembre, con la advertencia de que, de no hacerlo, podría ser detenido.

El miércoles pasado, los diputados de ICV Salvador Milà y Joan Boada, ambos testigos en la causa abierta por la Audiencia Nacional, anunciaron en rueda de prensa que no acudirían a declarar ante el juez para no colaborar en un proceso que consideran político y porque no se sienten perjudicados por los hechos.

Boada se había excusado previamente al juez aduciendo que tenía una comparecencia parlamentaria que le impedía acudir a la citación, una dispensa que fue aceptada por el magistrado.

Sin embargo, en la providencia, el juez requiere a Boada que le señale cinco días de entre los meses de diciembre y enero "en los que su agenda le permita asistir a prestar declaración" para citarlo a declarar en Madrid, también con la advertencia de que está obligado legalmente a hacerlo al ser testigo de la causa.

Los dos diputados de ICV deberán acudir a declarar en la sede madrileña de la Audiencia Nacional, tras librarse del compromiso de hacerlo el pasado miércoles, junto al resto de diputados citados en el Palacio de Justicia de Barcelona que los Mossos d'Esquadra blindaron ante una concentación de indignados que, bajo el lema Aturem l'Audiència, temían que se convirtiera en otro 15-J.

En la providencia, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional reclama también a la diputada de CiU Annabel Marcos que aporte documentación médica y pruebas de electrocardiogramas que acrediten los trastornos físicos que le ocasionó el haber sido acosada por los manifestantes del 15-J.

El juzgado solicita, asimismo, a la diputada que entregue documentación sobre el tratamiento de ansiolíticos que, según relató ella misma en su declaración como testigo, tuvo que recibir después de que dos personas la intimidaran cuando intentaba entrar en el Parlament, una de ellas un cámara de televisión que figura entre la veintena de imputados en la causa.

Los diputados del Parlament relataron el miércoles ante el juez que se sintieron intimidados y coaccionados como representantes de esta institción por los indignados que bloquearon los accesos a la Cámara el 15-J, en una protesta convocada para impedir el debate de unos presupuestos que abrían la puerta a los recortes.