La fiscalía investiga las protestas de funcionarios que bloquearon prisiones

La fiscalías de Barcelona y Lleida han abierto sendas diligencias para investigar las protestas de funcionarios de prisiones que en las últimas semanas han bloqueado los accesos a diversas cárceles catalanas, al considerar que los manifestantes pudieron incurrir en delito.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha incoado de oficio una investigación sobre las concentraciones que cercaron las cárceles Modelo de Barcelona y Quatre Camins de La Roca del Vallès los pasados días 2 de diciembre y 24 de noviembre, respectivamente.

De forma paralela, la delegación del ministerio público en Lleida ha abierto diligencias a raíz de la protesta que funcionarios de prisiones mantuvieron el pasado 7 de diciembre frente a la cárcel de Ponent de la ciudad, que fue desconvocada al cabo de unas horas.

Las concentraciones impidieron el relevo del turno de funcionarios de noche al bloquear los accesos de los trabajadores a la prisión, lo que obligó a mantener en sus celdas a la mayoría de presos y, en el caso de la Modelo, a suspender unos 40 juicios y diligencias a las que debían asistir reclusos de esa cárcel.

La fiscalía pretende averiguar si los concentrados excedieron el derecho de manifestación al provocar situaciones de riesgo dentro de la prisión y afectaciones a la Administración de Justicia, por las diligencias judiciales que tuvieron que ser suspendidas debido al bloqueo.

El hecho de que las concentraciones no fueran convocadas oficialmente por los sindicatos ni comunicadas al Departamento de Justicia impidió que se pudieran establecer los servicios mínimos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las cárceles.

Los delitos que podrían imputarse a los participantes en las protestas van desde el 409 del Código Penal, que castiga a los funcionarios que organicen el abandono colectivo e ilegal de un servicio público, hasta el de sedición. La investigación sobre la actuación del personal de prisiones, que como en el caso de los controladores carece de precedentes jurídicos, tratará de delimitar la responsabilidad de los manifestantes que secundaron las concentraciones y la de los funcionarios que no pudieron entrar en la cárcel.