Matrimonio forzoso con Renfe

Faltan solo tres semanas para que la Generalitat catalana tenga que renovar o no el contrato de operación con Renfe para Rodalies, el servicio de cercanías, cuya gestión está transferida a Cataluña. Sin embargo, el Gobierno tendrá poco margen. Para poder elegir otro operador había dos condiciones y ninguna de ellas tiene demasiadas posibilidades de cristalizar antes de que termine el mes. Por una parte, el Gobierno central debía cambiar la ley para permitir que cualquier empresa ferroviaria tomara el control del servicio, tal y como establece el Estatuto de Cataluña  y el acuerdo de transferencia del servicio. Pero la ley no ha sido modificada. Además, para cambiar de operador, haría falta un jugador en el sector que no fuera Renfe, y aunque ha habido algunas propuestas, de momento, ningún ofertante ha reivindicado que sea capaz de asumir el trabajo.

El cambio legislativo para elegir otro operador está pendiente desde hace dos años

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, lo ha reconocido esta mañana a través de su cuenta en la red social Twitter. “Imposible cambiar de operador. La Ley ferroviaria garantiza la exclusiva [a Renfe]. El PSOE se comprometió en 2009 a modificarlo”. El cambio de legislativo no ha llegado. Cada vez que a lo largo del pasado año se produjo un fallo o una huelga en el servicio de Renfe, la consejería encargada del transporte se sacaba el as de la manga: amenazaba a Renfe con cambiar de operador. Si el servicio seguía fallando, les advirtió en múltiples ocasiones, cambiarían de empresa. Pero Víctor Morlán, secretario de estado de Infraestructuras, descubrió que ese as en la manga eran un realidad un farol. Después de que el gobierno catalán reivindicara decenas de veces la modificación legislativa, Morlán les advirtió de que no daría tiempo a hacer ese cambio antes del fin de la legislatura. Un cambio sin el dice la Generalitat que la transferencia es solo virtual, y por tanto, no interesa.

Según el acuerdo de transferencia de diciembre de 2009, debería de existir libertad de elección de operador desde 2010. Sin embargo, como ese año ya estaba pactada la colaboración con Renfe por parte del Estado, se prorrogó esos 12 meses. A partir de 2011 se podría “elegir libremente” otro operador. Pero no fue así. A regañadientes, la Generalitat prorrogó otra vez el contrato. Y ahora todo indica que ocurrirá lo mismo. Pero en la consejería no se rinden. Según fuentes del Gobierno catalán, le trasmitirán al nuevo ministro de Fomento la necesidad de que se permita contar con los servicios de otra empresa ferroviaria en 2012. “Si el cambio de la Constitución se ha hecho en 15 días, ¿Por qué no se puede hacer este cambio legislativo ferroviario?”, dice el departamento. Se podría incluir, señalan, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, o en algún otro cambio que se apruebe próximamente, proponen.

Rodalies transporta

De todas formas, aunque se lograra este cambio exprés de la normativa justo antes de que se firmara la renovación con Renfe, tampoco parece muy realista pensar que en estas tres semanas se pudiera elegir al operador alternativo. El servicio de Rodalies de Cataluña transporta al año más de 100 millones de viajeros, tiene 447 kilómetros de servicio y 5 líneas. Ferrocarrils de la Generalitat (operador de dos líneas de ferrocarril entre Barcelona y las comarcas del Vallès y de la Anoia), se ofreció a optar al servicio de Rodalies, o parte de él. Pero su experiencia se basa en dos líneas con 143 kilómetros, tres veces menos que Rodalies. Además, según explican fuentes del ministerio de Fomento, habría que estipular qué pasa con los trabajadores de Renfe en Rodalies, que en principio debería asumir el nuevo operador, respetando sus actuales condiciones de trabajo. Y las condiciones de los empleados de Ferrocarrils son muy inferiores a las que ostentan los empleados de Renfe en materia de salarios, lo que podría suponer un conflicto interno.

Sin operador alternativo a la vista, la Generalitat seguirá el año que viene casada con Renfe. El cambio legislativo está ahora, como tantas otras cuestiones, en manos del futuro presidente del Gobierno, mariano Rajoy. Si finalmente aprueba la ley ferroviaria y elimina la exclusividad de Renfe, el Gobierno catalán habrá logrado el derecho a divorciarse de Renfe, o al menos, tendrá de nuevo la capacidad de amenazar con buscarse a otro.