La piel de la serpiente

Cuando, a principios de 2013, en la investigación de la Gürtel, los papeles de Bárcenas comprometieron seriamente al PP, el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional exigió explicaciones. El PP comenzó a lucir las marrullerías leguleyas hasta entonces sólo practicadas por las defensas habituales de la delincuencia profesional. En vez de dar las explicaciones exigidas, pretendió defenderse atacando y se presentó como acusación popular, pero no para colaborar en la investigación aportando pruebas, sino para estorbarla ocultándolas. El Juzgado Central estimó, con razonable criterio, que la pretensión del PP era incompatible con su posible futura responsabilidad criminal, y el 4 de abril denegó la torticera pretensión. Unos quince días después, el PP, en su sede central, borró y machacó los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, en un gesto mafioso de prepotencia.

El Juzgado Central 5, razonablemente, reaccionó estimando que ese gesto podía constituir un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento cuya investigación correspondía a un juzgado ordinario, y lo remitió a los juzgados de instrucción de Madrid, correspondiéndole el caso al juzgado 32. Ante este juzgado comparecieron como querellantes UPyD, IU y otros, ejerciendo la acción popular, para exigir responsabilidades penales al PP y a sus dirigentes por los delitos apuntados por el Juzgado Central.

El juzgado 32, el día 30 de octubre, se quitó de encima el asunto, archivándolo sin practicar la más mínima investigación. Entre noviembre y enero los querellantes recurrieron contra esa infundada y fulminante decisión. Y a continuación, el voluminoso expediente con sus recursos, casualmente (?) desapareció, paralizándose el caso. Sólo cuando los que recurrían protestaron por la tardanza, se descubrió lo ocurrido, un año después. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reconstruir las actuaciones, y así pudo resolver esta sospechosísima peripecia procesal que adjetivó como “insólita y azarosa”. Ordenó al juzgado 32 que comenzara la investigación porque “no era irracional” la calificación inicial y provisional del Juzgado Central 5.

Una nueva juez del juzgado 32, siguiendo lo indicado por la Audiencia Provincial, practicó y concluyó la investigación, declarando al PP en situación procesal de investigado. Muy probablemente le veremos en el banquillo de los acusados. Porque debe recordarse que el PP, ignorando cínicamente su corrupción, y con la soberbia de quien se considera impune, cambió el Código Penal para amedrentar a los demás partidos políticos y a los sindicatos. Según la reforma, desde el 17 de enero de 2013 los partidos y sindicatos pueden ser penalmente responsables, y condenados a penas de multa, suspensión o incluso disolución. Esta novedad penal se estrenó, a los dos meses de nacer, contra su creador, el PP.

En el artículo 5 del reciente código ético del PP de Madrid se establece como causa de renuncia a un cargo político “ser investigado formalmente por delitos de corrupción o que por su gravedad causan especial alarma social”. Si conservara un mínimo de coherencia ética, el PP debería cesarse a sí mismo, porque ya ha sido declarado como formalmente investigado por obstruir la investigación judicial de un asunto relativo a su propia corrupción.

El PP, aunque ahora no les quiera, parece que aprende de los convergentes catalanes. Estos estaban hasta las cejas de corrupción. Se reunieron y declararon que ya no existen, que ahora, siendo los mismos, son otros y están limpios. Dejaron viva, aunque inerte como una piel de serpiente, a la anterior organización convergente, para que se pudriera ella sola con sus delitos y sus deudas. Se da la circunstancia de que los delitos de corrupción hasta ahora atribuidos judicialmente a Convergència son anteriores a la reforma penal de 2013 y por ello, como partido político, no puede ser acusada. Pero el PP sí, porque rompió los ordenadores después del 17 de Enero de 2013, fecha de nacimiento de su reforma penal.

Pese a ello, el PP quiere, como Convergència, desprenderse de su larguísima piel de corrupción, con el apoyo regenerador o cómplice de Ciudadanos. Sin confesión de sus pecados ni propósito de enmienda, proclama que ahora son otros, nuevos y limpios, aunque sean los mismos de siempre, dispuestos a gobernarnos como siempre. Pero no merecemos seguir soportando, no solo a la putrefacta piel muerta de la corrupción pasada, sino también a la peligrosa serpiente viva, siempre dispuesta a mudar, hipócritamente, de tiempo en tiempo, su sucia camisa. Sería bochornoso que nos siga gobernando un partido político con antecedentes penales.

José María Mena fue fiscal jefe del TSJC.