La Guardia Civil desobedeció al juez para fabricar el caso contra Isadora

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil no dudaron en desobedecer a un juez de guardia y ocultar información a otros dos en su empeño para construir las acusaciones que hoy llevarán a tres médicos de la clínica de abortos Isadora, de Madrid, a declarar ante el juez como imputados por un delito de abortos ilegales.

Los agentes ocultaron a dos magistrados que el juez de guardia ya había cerrado el caso

Los investigadores hablaron de abortos ilegales antes de ver ningún residuo

Las irregularidades arrancaron el mismo día que dos agentes del cuerpo entraron en la clínica alegando que iban a inspeccionarla, según los documentos de la instrucción que lleva a cabo el juzgado de instrucción 47 de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, y cuyo titular es José Sierra Fernández. Pese a ello, el juez ha dado cobertura a las actuaciones de la Guardia Civil.

A las 10.30 del 16 de febrero de 2007, los dos agentes procedieron a "realizar una inspección" en el centro, según los atestados y consideraron que se estaban gestionando mal los residuos, al tratarlos como biosanitarios y no como funerarios. El destino que deben tener estos residuos queda algo ambiguo en la normativa de la Comunidad de Madrid y, en todo caso, el centro había pasado hasta la fecha satisfactoriamente las inspecciones de la Consejería de Sanidad.

Los documentos de la Guardia Civil, que presentan algunas contradicciones, revelan que los agentes buscaban algo más. El resultado fue el oficio presentado ante el juez de guardia aquel día, el número 6, en el que se acusó a un trabajador de la clínica de manipular los residuos mientras los agentes estaban ocupados escribiendo el acta de la inspección.

En el oficio, la Guardia Civil informó al juez de que los bidones habían sido inmovilizados hasta que "la autoridad competente determine su destino" y las iniciales "irregularidades en la gestión de residuos" se habían convertido ya en indicios de "supuestos abortos ilegales". Por todo ello, la Guardia Civil solicitó "autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense retire estos supuestos restos humanos para su oportuno estudio".

La respuesta del magistrado, de tres párrafos, fue contundente: "Visto el contenido del oficio presentado, procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada". El juez fue más allá y censuró además al jefe de los agentes: "Debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales, cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios".

La Guardia Civil no informó de esta providencia a la clínica y mantuvo la orden de no tocar los bidones llenos de residuos sanitarios en el patio del centro, fuera de la cadena de frío en la que debían guardarse.

El lunes 19 de febrero, la Guardia Civil empezó una maratón de llamadas a la Comunidad de Madrid tratando de encontrar un asidero para seguir con sus pesquisas. Llamó primero a la Consejería de Medio Ambiente, pero ésta no les hizo caso y les remitió a Sanidad. Allí sí fueron atendidos, aunque no fue hasta las 13.30 del día siguiente, tras más de media docena de llamadas, entre ellas una a la directora general de Sanidad Elisa Borrego. Es entonces cuando la Guardia Civil fue informada de que personal de este departamento se "hará cargo de los envases con residuos clínicosanitarios".

En los atestados de la Guardia Civil no consta si los agentes informaron en algún momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspección.

Finalmente, el jefe técnico de Sanidad Juan Raúl Sanz Jiménez y dos agentes de la Guardia Civil se llevaron los ocho bidones al tanatorio situado en Alcobendas, donde a partir de las siete de la tarde procedieron a la apertura de dos de ellos, contraviniendo al juez.

Encontraron material quirúrgico, fetos y restos de liposucciones. A las 20.20, los agentes decidieron llamar al juez de guardia de Alcobendas, al que informaron de la actuación que se estaba "llevando a cabo, consistente en el desprecinto de los envases intervenidos". Al magistrado no le informaron de la negativa recibida cuatro días antes por otro juez pero sí le aportaron datos de lo que acababan de encontrar: restos humanos y "un blíster vacío de 10 comprimidos de Cytotec, medicamento este de uso indebido para la interrupción del embarazo".

El magistrado de Alcobendas, según el acta de los hechos, "informa que se continuara la actuación y se diera cuenta a la autoridad judicial del lugar de los hechos", en este caso los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Este trámite ante el juez no consta en ningún documento del expediente judicial, salvo en el acta escrita por los propios agentes.

La Guardia Civil siguió abriendo los otros seis bidones hasta las 23.30. El botín obtenido fue el blíster de Cytotec, nueve fetos -cuatro de ellos en formol- e incontables residuos sanitarios y quirúrgicos. Con todo ello volvieron a los juzgados de Plaza de Castilla, esperando tener más suerte que la vez anterior. Esta vez, con un nuevo atestado en el que no se hacía ninguna referencia al escrito presentado días antes en el juzgado 6, lograron su objetivo: el juzgado de guardia (el número 31) autorizó el examen de los restos de fetos para determinar la edad gestacional y el asunto recae después, por reparto, en el juzgado 47. El titular, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El Seprona siguió investigando por su cuenta. Identificó a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y también a otras: entre los restos de la clínica apareció una lista con los nombres de las pacientes de una tarde de uno de los médicos. Con el argumento de una supuesta vulneración de la Ley de Protección de Datos, y antes de que el juez les pidiera nada, comenzaron a llamar a declarar a las mujeres como testigos. Y no sólo les preguntaron asuntos relativos a la protección de datos, sino que quisieron saber todos los detalles sobre los abortos. Ya no se sabe si estaban investigando la gestión y tratamiento de los residuos o abortos ilegales. Más tarde, cuando recibieron las indicaciones del magistrado, éste sólo les pidió que "identificaran" a las mujeres que aparecían en los botes de formol. Pero los agentes ya se habían extralimitado.

Los informes del Anatómico Forense avalaron la tesis de la clínica, señalando, eso sí, que no es posible dictaminar con total exactitud la edad gestacional. En siete de los nueve fetos examinados está claro que no tenían más de 22 semanas. En dos hay dudas, según los distintos criterios que se pueden usar.

El juez ha seguido pidiendo historias clínicas: de todas las mujeres que abortaron en esos días en Isadora y solicitó también que se pinchara el teléfono de la psiquiatra del centro. Entre otros motivos, porque los informes que emitía eran muy parecidos.