Berlusconi crea un impuesto adicional del 10% para los más ricos

El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer un programa de ajuste adicional de 45.500 millones de euros para los dos próximos años que incluye fuertes recortes y un aumento impositivo considerable para los más ricos. El plan contempla la supresión de municipios pequeños, la liberalización de servicios municipales, el recorte presuestario y un impuesto adicional de hasta el 10% para las rentas altas. "Mi corazón sangra", dijo un apenado primer ministro; "este Gobierno presumía de no haber metido nunca jamás las manos en los bolsillos de los italianos". "Es un paquete equilibrado y justo", añadió, "en el que hemos trabajado día y noche para que pueda gustar a las instituciones europeas".

Las empresas municipales también podrán ser privatizadas

El Gobierno no ha concretado cuánto dinero obtendrá de las ventas

La medida más llamativa, bautizada como "impuesto solidario", estará en vigor durante los dos próximos ejercicios, aunque podría prolongarse hasta 2014. Aquellos que perciben más de 90.000 euros anuales pagarán el 5% sobre la cantidad que exceda esa cifra en su declaración de la renta, mientras que los que ganan más de 150.000 tendrán que abonar el 10% sobre lo que perciban por encima de esa cantidad. Además se elevará del 12% al 20% el tipo impositivo sobre las rentas financieras -sin tocar, eso sí, las vinculadas a los títulos del Tesoro- y se intensificará la lucha contra la evasión fiscal.

Pero el plan de choque afecta a muchos sectores. Se cierra el grifo para las administraciones locales, que van a tener que renunciar a 6.000 millones de euros en 2012 y otros 3.500 millones en 2013. Asimismo se agruparán 1.500 ayuntamientos pequeños y se disolverán 34 administraciones locales de menos de 300.000 habitantes. Los ministerios verán reducido su presupuesto en 6.000 millones de euros en 2012 y en 2.500 millones durante el siguiente ejercicio, para "demostrar que el esfuerzo es conjunto", según afirmó Berlusconi.

Más impuestos sobre el tabaco

También está prevista una subida de impuestos sobre el tabaco (no precisada), la supresión de los puentes festivos y el traslado de las fiestas a los domingos, salvo las de carácter religioso. Las pensiones tampoco se libran del ajuste, con un ahorro estimado de 1.000 millones en esta partida. Tampoco se concretan medidas al respecto, aunque sí se anuncia que las mujeres deberán retrasar la edad de jubilación a los 65 años (ahora 62 años) en 2015.

El objetivo es alcanzar el equilibrio financiero a finales de 2013, tal y como impuso el Banco Central Europeo (BCE). Se trata de una "actualización", según la definió el titular de Economía, Giulio Tremonti, del plan aprobado en julio, que preveía ajustes de 79.000 millones de euros y un déficit cero en 2014. A los mercados entonces no les bastó: Italia entró en la diana de los especuladores y el BCE tuvo que actuar de urgencia comprando deuda pública en el mercado secundario. Jean-Claude Trichet y su sucesor, Mario Draghi (hasta octubre director del Banco de Italia), enviaron una carta a Roma en la que dictaban tiempos y recetas para empezar a hacer frente a la brutal deuda pública del país.

El Consejo de Ministros detalló las medidas de ajuste en dos decretos y, además, aprobó la modificación de los artículos 81 y 41 de la Constitución. El primero introduce la prohibición de presentar presupuestos en números rojos (es decir, los futuros Gobiernos no podrán planificar gastos sin tener entradas que los cubran); el segundo abre la puerta a las liberalizaciones. El plan se completa con privatizaciones de servicios municipales y medidas para flexibilizar el mercado laboral.

Crisis política

La crisis económica se inserta en una crisis política más profunda. Antes de que empezaran los latigazos de los mercados y, como consecuencia, los reproches de las instituciones europeas, Roma ya tenía sus propios problemas. El fantasma de una eventual bancarrota los está dejando al descubierto, sin que se logre el efecto de cohesión nacional que el presidente de la República ha invocado varias veces.

Silvio Berlusconi está entre dos fuegos. Uno externo, con muchos frentes: oposición, agentes sociales y administraciones locales. El otro, el más peligroso para la supervivencia del Gobierno, es una guerrilla interna. La oposición reacciona contrariada a las nuevas iniciativas del Gabinete. "Piden responsabilidad. Les echaríamos una mano si admitieran haberse equivocado y explicaran lo que quieren hacer", se queja Pier Luigi Bersani, del Partido Democrático (de centro izquierda).

"Estoy sin palabras por su falta de ideas", espetó Gianfranco Fini, presidente de la Cámara y exsocio de Berlusconi, ahora en la oposición de centroderecha. La patronal dice que no entiende las propuestas del Ejecutivo; los sindicatos denuncian que las medidas afectan a las clases débiles, jubilados y jóvenes precarios, y la mayor confederación de trabajadores (CGIL) saca del baúl la amenaza de huelga general.

Los administradores locales, también varios del partido de Berlusconi, vuelven a afilar sus armas. "Practican recortes a la calidad de vida de los ciudadanos", se enfurece Gianni Alemanno, alcalde de Roma y peso pesado del partido, el Pueblo de la Libertad. "Es el tercer ajuste que hace caja atacando a los órganos locales", reflexiona Roberto Formigoni, también del PdL y gobernador de Lombardía.