Condenados siete represores a penas de entre 4 y 25 años por delitos de lesa humanidad en Argentina

Un tribunal de la provincia argentina de Corrientes condenó este lunes a penas de entre 4 y 25 años de prisión a siete militares que formaron parte del plan sistemático de represión durante la última dictadura (1976-1983). El tribunal los condenó como partícipes necesarios de secuestros y torturas, entre otros delitos de lesa humanidad. Entre el centenar de víctimas estuvieron la sobreviviente Judith Casco, quien fue detenida en abril de 1976 junto a su bebé de 11 días, y también Juan Carlos Fernández, quien nació en cautiverio en enero de 1977. Se trata del mayor juicio por crímenes de lesa humanidad celebrado en esta región del norte argentino.

Los jueces condenaron a 25 años de prisión al capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y al coronel Horacio Losito. La pena fue de 18 años de cárcel para el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso; de 15 para el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso; de 12 para el coronel del Ejército Abelardo De la Vega; de 8 para el coronel Raúl Harsich, y de 4 para el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón. El tribunal absolvió al teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y al comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.

Los condenados pertenecían a la VII Brigada de infantería, con sede en la ciudad de Corrientes. Desde allí se dirigió el terrorismo de Estado en cuatro provincias del noreste argentino: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

“Se ha logrado Justicia que nosotros no tuvimos y que los 30.000 [desaparecidos y muertos por la dictadura en Argentina] tampoco tuvieron”, declaró Casco emocionada tras conocer la sentencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Referentes de derechos humanos destacaron la importancia del fallo en un momento en el que los discursos negacionistas de la dictadura han dejado de ser marginales para estar en boca del candidato ultra a la presidencia, Javier Milei, y de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Esta resolución vuelve nuevamente a demostrarnos la magnitud del terror”, declaró a medios locales el subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel. “Aunque como todas las de su tipo, llega tarde para las víctimas, pero espero que sea un poco de alivio para quienes sufrieron y buscaron justicia sin bajar los brazos”.

Una de las víctimas fue Víctor Hugo Benítez, sobreviviente del antiguo centro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 9. “Me pone muy contento porque se trata de una reivindicación a los que no están y golpea fuertemente a la impunidad”, señaló. “Significa, en el contexto actual, que la memoria está presente, porque estamos a las puertas de que pueda volver a suceder con otros formatos”.

A lo largo de los tres meses que duró el juicio, los magistrados escucharon el testimonio de numerosas víctimas. Entre ellas estaban Casco y su hija Guadalupe Arqueros, que era una bebé de pocos días cuando fue secuestrada junto a su madre. Ambas permanecieron más de un año en el Instituto Pelletier, un penal de mujeres donde los militares amenazaron con torturar a la recién nacida si la madre no les daba la información que solicitaban. Arqueros aseguró que de aquellos meses le quedó grabado el color de las paredes y el olor a humedad del penal. Después la mandaron con sus abuelas y solo se pudo reencontrar con su madre cuando ya había cumplido seis años, en 1982.

Ramón Cura, otro superviviente, relató las torturas a las que fue sometido por los integrantes de la brigada. Una madrugada lo llevaron al río y lo arrojaron con los pies atados a piedras. Solo lo sacaron cuando estaba al borde de ahogarse. Durante los interrogatorios, le ataron a tobillos y muñecas gomas de bicicleta a las que le adherían alambres con los que provocaban descargas eléctricas mediante un generador de energía a batería.

Este es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados. Según la Secretaría de Derechos Humanos, desde la recuperación de la democracia en Argentina, en 1983, han sido condenados casi 1.200 represores por estos crímenes.

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