Las fuerzas de seguridad de Venezuela, denunciadas ante la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han sido denunciadas este miércoles ante la Justicia federal argentina por cometer presuntos crímenes de lesa humanidad. La querellante Fundación Clooney para la Justicia pide a los tribunales argentinos que apliquen el principio de jurisdicción universal para investigar las “sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela” desde 2014. Buscan probar la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad en graves delitos cometidos contra quienes son percibidos como opositores por el Gobierno de Nicolás Maduro. Han decidido recurrir a este país, dicen, por la falta de garantías para que estos crímenes sean juzgados en Venezuela. “Las víctimas no tienen acceso a la Justicia en Venezuela, no saben dónde ir”, argumentó en una entrevista con EL PAÍS el abogado querellante, Ignacio Jovtis, en la víspera de la presentación judicial.

“Las fuerzas de seguridad van contra aquellos que son opositores o que son percibidos como tales”, señala Jovtis, quien representa a dos víctimas. “No estamos hablando de delitos aislados sino que creemos que son delitos que corresponden a un patrón, a una política de Estado que tiene una sistematicidad evidente”, puntualiza. Este letrado, que ha trabajado un año en la denuncia presentada este miércoles, cuenta que ha entrevistado a decenas de personas en toda Venezuela. Algunas de ellas, procedentes de regiones muy separadas y sin ningún tipo de vínculo entre sí, asegura que “fueron detenidas, torturadas y liberadas de forma notoriamente similar”.

Jovtis se excusa de dar nombres por razones de estrategia jurídica y seguridad, pero está convencido de que las evidencias presentadas ante la justicia federal argentina muestran que los crímenes no son perpetrados “por dos o tres agentes de seguridad que se vuelven locos sino que existe una cadena de mando y hay órdenes procedentes de arriba”.

Desde 2014, cuando comenzaron a producirse los crímenes documentados en la presentación judicial, “las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales —incluidos asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias— cometidos por funcionarios venezolanos”, destaca la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), creada por la abogada Amal Clooney y su marido, el actor George Clooney.

Frente a la parálisis de los tribunales venezolanos, la organización solicita a la Justicia argentina que aplique la jurisdicción universal, que permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

La justicia federal argentina ya tiene dos causas abiertas bajo este principio legal. La primera, iniciada en 2010, investiga los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977). La segunda se remonta a 2021 e investiga el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Myanmar.

La jueza a cargo de la causa de crímenes perpetrados por el franquismo, María Romina Servini de Cubría, ha dictado órdenes de extradición que nunca han sido aceptadas por la justicia española. Sin embargo, Servini de Cubría dictó una orden de exhumación que permitió a una de las víctimas, Ascensión Mendieta, recuperar los restos de sus padre de la fosa común de Guadalajara donde había sido enterrado tras su fusilamiento.

La denuncia interpuesta este miércoles se suma a la investigación formal abierta en 2021 en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela. El tribunal internacional ha recopilado hasta la fecha el testimonio de cientos de víctimas —o de familiares — por crímenes como asesinato, desaparición forzada, privación ilegítima de la libertad, tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, entre otras violaciones de los derechos humanos. La CPI investiga delitos cometidos a partir de 2017, año en el que se registraron más de un centenar de muertes en el marco de protestas contra el gobierno chavista.

“Es una macrocausa que lleva muchos años. Va a buen ritmo pero es muy lenta”, dice Jovtis en referencia a la investigación abierta en el tribunal internacional. “Desde la Fundación estamos buscando mecanismos alternativos”, advierte el responsable senior de programas de la CFJ, “porque mientras estamos acá hablando, en Venezuela se están vulnerando los derechos humanos, hay gente que está en centros de detención ilegales”.

Otras organizaciones internacionales han salido a defender la denuncia interpuesta ante la justicia argentina. “Nuestro país, que ha sido ejemplo solidario en materia de derechos humanos no puede dar la espalda al pueblo venezolano. Debe investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas”, ha señalado Amnistía Internacional Argentina a través de las redes sociales.

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